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El fiscal regional Jorge Baclini adelantó que "se activará" la investigación para determinar si hubo autorización judicial en la intervención de dos funcionarios del gobierno provincial, durante la pericia de la computadora del asesinado Luis Medina. Así lo indicó el funcionario judicial después de que anteayer el juez Daniel Acosta resolviera que sea el Ministerio Público de la Acusación --es decir el nuevo sistema penal-- el encargado de instruir la denuncia por la manipulación a la Mac que presentaron los diputados del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, Mariana Robustelli y Gerardo Rico. En tanto, los legisladores esperan una audiencia para constituirse como querellantes. "Esto abre nuevas expectativas, porque en el viejo sistema, el fiscal (Carlos) Covani ya había adelantado que para él no había delito, sin tomar ninguna medida", recordó Toniolli.
Luego de que asesinaran a Medina y a su pareja Justina Pérez Castelli, la madrugada del 29 de diciembre de 2013, en Circunvalación y Ayolas; la causa pasó por varias juezas: ante el faltazo de la ex magistrada María Luisa Pérez Vara, que estaba de turno y no contestaba el teléfono, debió intervenir la jueza Raquel Cosgaya, pero finalmente la investigación quedó en manos de Alejandra Rodenas.
La misma mañana del crimen, la Mac fue secuestrada de entre las pertenencias del presunto narco, en el hotel del casino, donde estaba alojado. Pocas horas después se advirtió la intervención de los funcionarios del área Técnica del Ministerio de Gobierno, Javier Echaniz y Martín Degrati, y se indicó que durante esas horas la pesquisa estuvo dirigida por Cosgaya, incluso cuando los funcionarios de gobierno manipularon la computadora. Sin embargo, al día siguiente, cuando Rodenas tomó la causa, ordenó que se interrumpa la pericia de la Mac y que la envíen a su despacho. Luego, la pericia oficial realizada por Gendarmería Nacional determinó que no se habían borrado archivos.
Baclini indicó ayer que, en principio, se buscará rastrear si hubo una orden judicial para el desbloqueo de la computadora a cargo de las dos personas que llegaron presuntamente enviadas por el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, para "colaborar" con la pericia. "Nosotros queremos que se determine si hubo una requisitoria a esos dos funcionarios políticos para que vayan hasta el lugar (pericia informática) y después si hubo una orden para que periten la computadora", reclamó el diputado Toniolli.
En ese marco, Baclini esperaba ayer el expediente principal de la causa, para "activar" la investigación, que estará a cargo del fiscal Adrián Macormac. "Vamos a requerir el expediente para ver si hay constancia de autorizaciones, porque solo tenemos un legajo con muy escasa información, así que estamos esperando que nos llegue toda la causa, incluso la parte del doble homicidio (que tiene a cargo la jueza Rodenas). Por eso decíamos que no nos correspondía la competencia de esta investigación. Estamos convencidos, a pesar de que tenemos que respetar la decisión judicial, de que este hecho ya estaba en conocimiento de la Justicia antes del 10 de febrero", dijo por la fecha en la que se puso en marcha el nuevo sistema penal, y la posterior denuncia de los legisladores que motivó que la investigación quedara en el nuevo sistema. "Ahora tenemos que aceptarla, y pondremos todo en marcha para darle un curso a la investigación", dijo.
Al detallar los pasos a seguir, Baclini indicó: "Lo que debemos hacer es determinar si la intervención de estos funcionarios se dio por fuera de una autorización de la Justicia". Ese dato fue leído de manera "positiva" por los legisladores justicialistas, y recordaron que el fiscal del viejo sistema había presentado un dictamen en el que consideraba que no existió delito por parte de los funcionarios de gobierno. Al respecto, Baclini agregó: "El dictamen del fiscal del sistema residual tiene mucha influencia en nuestra decisión, porque su opinión es importante desde el punto de vista que en ese momento era la autoridad de la acción; pero vamos a arrancar viendo si existió autorización".
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