Por autorizar lo que ya está prohibido

Un informe del Ministerio de la Producción reveló que la Municipalidad de Funes autorizó una fumigación aérea y la aplicación de productos agrótoxicos prohibidos por ordenanzas locales. El documento, firmado por la subdirectora de Agricultura y Seguridad Vegetal de la Provincia, Liliana Príncipi, da cuenta de las "anomalías e irregularidades" en las que incurrió el Ejecutivo funense en el control de uso de fitosanitarios. Al tanto del informe, desde el Concejo piden la renuncia de la coordinadora de Medio Ambiente, Cecilia Miranda Aguiar, y del encargado de Parques y Paseos, Osvaldo Scoccia, quienes deberían haber comandado los controles.

"Se debe mencionar la existencia de una autorización de aplicación aérea, cuando la ordenanza local (812/12) dejó expresamente establecido en su artículo 2E la prohibición de dichas pulverizaciones dentro del Distrito Funes. Asimismo, se autorizaron varias aplicaciones de productos clase II, en tanto la mencionada ordenanza permite solamente el uso de productos clase C y D (actuales III y IV)", destacó Príncipi en el informe. La acción del municipio incumplió también lo que dicta la ley provincial de fitosanitarios n 11.723, sancionada en 1995, por la cual se prohíbe la aplicación terrestre de productos de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas.

La funcionaria provincial actuó en base a "eventuales" denuncias de vecinos por aplicaciones realizadas sin respetar las distancias establecidas por la 812/12. Por ese motivo, se reunió los días jueves 8 y martes 13 de mayo con Miranda Aguiar, Scoccia y el subsecretario de la Producción, Luciano San Pellegrini para efectuarles una serie de "observaciones y recomendaciones" ya que comprobó "algunas desavenencias" en cuanto a autorizaciones y fiscalización de aplicaciones de productos fitosanitarios en zona periurbana. Príncipi dijo que se "habrían estado autorizándose aplicaciones en zonas prohibidas desde octubre de 2013 hasta fines de abril de 2014".

Desde Producción remarcaron que el municipio "solamente cuenta con un listado informal" de los productores que operan en el distrito Funes. "No existe listado de aplicadores tal cual lo estatuye el artículo 5 de la ordenanza", concluyeron. En una de las reuniones, Scoccia dijo que eso se debe a la inexistencia de aplicadores en la ciudad, "lo cual no obsta a que puedan llevar un registro de quienes regularmente ingresen desde otra jurisdicción a realizar dicha actividad". En tanto, cuando a Miranda Aguiar le tocó explicar los controles que realiza el Ejecutivo, no se desprendió ﷓ señaló Príncipi﷓ que se realice la presentación por parte de los productores de la totalidad de la documental que cumplimente con los requerimientos establecidos en la ordenanza 812/12 para las pulverizaciones a realizarse en la franja que va desde los 100 metros del límite de la zona urbana hasta los 500 metros, ni la presencia del empleado técnico de la Municipalidad que controle la aplicación in situ. Por ese motivo, "es conveniente evaluar una modificación de ordenanza, que resguarde la salud de vecinos, del medio ambiente, y que a su vez permita el desarrollo de la producción agrícola".

El informe es lapidario para los funcionarios. Así lo entendió el concejal del partido distrital Unidad Popular, Mauro Miguez, quién aseguró que la coordinadora municipal de Medio Ambiente "debería estar renunciando" y que Scoccia "si tiene dignidad, debería él mismo pedir la apertura de un sumario interno por permitir una fumigación aérea".

Cambiar el límite

A la par del documento del Ministerio de la Producción, un trío de concejales funenses intentó la semana pasada cambiar el límite de prohibición de uso de fitosanitarios en las fumigaciones de 500 a 100 metros entre la zona urbana y la rural. Los ediles Roly Santacroce, Ana Martelli y Adrián Sánchez comenzaron a cocinar la movida en la reunión de comisión del Legislativo que se realizó el viernes 6 de junio. Ausente el edil Diego León Barreto (PRO), Santacroce procuró darle despacho a una nota ingresada por una decena de productores agricultores en el pasado mes de abril, en la que piden "la modificación de las normativas vigentes", con el fine de que se les "permita cambiar el límite de fumigación a una distancia acorde a la realidad y dentro del marco provincial que establece la Ley en la materia".

Al concejal del Frente Para la Victoria lo apoyaron de manera inesperada dos pares del Frente Progresista Cívico y Social: Martelli y Sánchez. De esa manera, un peronista y dos radicales se aliaban para avanzar en una disminución considerable del límite de prohibición. Poco pudieron hacer los votos negativos de Miguez y Eduardo Casim (Frente Progresista). El 3 a 2 abrió la puerta para que la modificación se aprobara en la sesión del martes pasado.

Pero durante el fin de semana se repitieron en las redes sociales mensajes de alerta. Se convocó a la sesión para expresar rechazo al cambio y brindar "una contundente adhesión a la Ordenanza de Prohibición de Fumigaciones". A pesar de que el escenario estaba mucho más claro y los votos para el cambio ya no existían, el Concejo recibió la convocatoria de unas 50 personas, una multitud para el movimiento habitual del recinto. Fue Miguez quien pidió devolver el proyecto a comisión, acompañado por los seis ediles, incluso por Santacroce, Sánchez y Martelli, quienes habían firmado el despacho de comisión el viernes. De esa manera, se truncó lo que se hubiera sido un retroceso en la legislación local.

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