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Sábado, 9 de agosto de 2014
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La orden de traslado de los menores alojados en el IRAR

Una decisión bien meditada

Una de las cuatro juezas y el juez de San Lorenzo que habían ordenado el traslado de los menores detenidos en el Instituto de Recuperación del Adolescente; emitieron un comunicado asegurando que la decisión se tomó para velar "los derechos humanos".

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En el Irar las condiciones de alojamiento son lamentables. La orden de traslado aún no se concretó.

La jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena aseguró que la orden de traslado de los jóvenes detenidos en el Instituto de Recuperación del Adolescente (Irar), a penales de mayores, fue "una decisión largamente meditada". En un comunicado, dijo que la resolución de las cuatro magistradas de Menores de Rosario y su par de San Lorenzo, fue "ante la falta de respuestas serias en una situación ciertamente compleja y que su objetivo fue velar por el respeto a los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales", señala un comunicado. Hasta ayer, el traslado no se había concretado.

A mitad de la semana, las juezas de Menores, Aguirre Guarrochena, Gabriela Sansó y Carolina Hernández, junto a su par sanlorencino, Nelson Fogliato, ordenó a la dirección del IRAR que traslade a los adolescentes en conflicto con la ley penal a dependencias del Servicio Penitenciario santafesino hasta que la institución de Menores sea reformada. En concreto, dispusieron el envío a cárceles provinciales de unos treinta internos.

Para la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) es "una verdadera locura", la orden dirigida a Jimena Staurini, directora del cuestionado instituto de encierro, para que "de inmediato y en un plazo no mayor a 24 horas efectivice el traslado de los menores que estén a disposición de este juzgado alojados en los pabellones A, B, F y G en coordinación con la Dirección de Justicia Penal Juvenil, a otro centro de detención a puertas cerradas dependiente del Servicio Penitenciario con presencia permanente de personal de Justicia Penal Juvenil en todos los casos y donde se garanticen condiciones de salubridad, integridad física y psíquica, contacto con la familia, trato digno, y alojamiento separado de internos mayores de edad".

"La alegada 'especificidad' -supuestamente vulnerada en la resolución cuestionada- entra en crisis cuando desaparece algo anterior: la dignidad. La sobriedad que debe caracterizar el ejercicio de la Magistratura impide responder a expresiones agraviantes que no tienen ninguna fuerza transformadora de la realidad", dice el comunicado de Guarrochena.

Por su parte, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes definió acciones ante la orden judicial. Su titular, Analía Colombo, se constituyó -sin previo aviso- ayer al IRAR, para recorrer el edificio y constatar las condiciones edilicias y de higiene del lugar donde actualmente se alojan 25 jóvenes. Si bien había empresas de limpieza, señaló que las "condiciones estructurales necesitan reformas".

La defensora entendió que "el derecho a la libertad personal conlleva importantes particularidades en el caso de jóvenes menores de 18 años, como ha expresado la Corte Interamericana".

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