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Los delitos conexos al narcotráfico deben ser investigados por la justicia federal. Así lo resolvió la Cámara de Casación al establecer que la investigación de delitos conexos (como tentativa de homicidio, lesiones, amenazas agravadas), en hechos cuyo móvil evidente era el de encubrir o sostener actividades ligadas a la narcocriminalidad, debe ser asumida por la Justicia Federal en el marco de la investigación madre. La decisión le da la razón al Fiscal Federal Juan Patricio Murray en el diferendo con la justicia provincial por la causa de la balacera a cuatro militantes del Movimiento Evita en enero de 2013 en el barrio Nuevo Alberdi. Para el diputado Eduardo Toniolli y el criminólogo Enrique Font "este fallo va tener repercusiones sobre la causa de Los Monos", que investiga el juez Juan Carlos Vienna.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal con los votos de Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa intervino luego de que el juez federal Marcelo Bailaque rechazara investigar los delitos de lesiones, tentativa de homicidio y amenazas coactivas, investigados en la justicia provincial, que tuvieron como antecedente y fueron consecuencia de la lucha entre bandas de narcotraficantes por la hegemonía territorial y comercial de la droga en sectores de Rosario. Para Murray los jueces de primera instancia "tampoco han controvertido la existencia de causas conexas con la pesquisa de sede local, en trámite ante la justicia federal, vinculadas con esas mismas organizaciones de narcotráfico que operan en los barrios Nuevo Alberdi y Municipal, de Rosario, conocidas como los Romero y los Cantero".
La fiscal general Irma Adriana García Netto entendió que "las víctimas de los hechos delictuales investigados por el magistrado provincial, son denunciantes y testigos con reserva de identidad, e integrantes del Movimiento Evita, quienes intentaban por distintos medios, antes y después de los hechos que los afectaran, que las autoridades policiales locales pusieran término a los lugares de expendio de estupefacientes por parte de organizaciones que cuentan con protección de funcionarios de la policía local".
Por eso los camaristas señalan en un pasaje del fallo que "no se trata de convertir a los tribunales federales en fuero de atracción de cualquier delito común que pudiera ser conexo a uno federal, como lo señalaron los magistrados como obstáculo de procedencia del pedido de inhibitoria, sino de observar las normas constitucionales y procesales, nada más que con sentido común, al que siempre lo guía la razón".
"Además -agregan los camaristas- todo se enmarca en la delicada
situación que atraviesa Rosario, por las consecuencias del accionar de estas mismas organizaciones criminales, los cuales incluyen, connivencia de la policía local y graves episodios de violencia e inseguridad que afectaron no sólo a los referidos testigos de la causa federal, sino a la población en general, y que, por su gravedad, ha suscitado la intervención directa del Estado Nacional en ese territorio provincial a través de procedimientos coordinados entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaria de Seguridad Interior, las fuerzas de seguridad federales, jueces federales, y representantes del Ministerio Público Fiscal, entre los que se encuentra el propio incidentista, Dr. Murray".
Para el diputado Toniolli "este fallo representa una reivindicación a lo sostenido por Murray en esta causa y en la 'causa Vienna', que le valiera una campaña de desprestigio tanto al fiscal como al Defensor Gabriel Ganón, sostenida por funcionarios del gobierno provincial y en las sombras por la División Judiciales de la Policía santafesina, pandilla delictiva responsable de pintadas agraviantes contra los citados".
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