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La familia propietaria de la finca donde funcionó el centro clandestino de detención La Calamita faltó a la reunión convocada por la Red Federal de Sitios de la Memoria de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos provincial y la Municipalidad de Granadero Baigorria, una señal que las autoridades interpretaron como renuente a cumplir con la ley nacional de preservación de estos predios donde operó la represión ilegal de la dictadura cívico militar. No obstante, las autoridades consensuaron la decisión de avanzar con la intervención en el lugar para arribar en lo inmediato a la señalización del predio como sitio de memoria.
"Ellos están incumpliendo con la letra de una ley nacional que obliga a preservar los sitios, y también infringieron la normativa municipal porque encararon una actividad sin autorización", dijo Judith Said, coordinadora de la Red Federal. Pese a todo, las partes sellaron consenso para avanzar con la señalización de La Calamita como sitio de memoria y hacer cumplir la ley y la medida cautelar de la Justicia Federal que ordena no realizar modificaciones en el predio.
La cita contó con la presencia de Said, junto con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Verón; y la directora de Memoria, Nadia Schujman; ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; las diputadas provinciales Alicia Gutiérrez, querellante en la causa Guerrieri, que investiga La Calamita y autora del proyecto de expropiación del terreno, y Érika Gonet, oriunda de Granadero Baigorria; y autoridades municipales, entre ellos el intendente Adrián Maglia. También hubo representantes de la ONG Documenta Baigorria, desde donde partieron las advertencias de que en la finca se desarrollaban actividades comerciales en concreto, una planta de carga de garrafas de gas que ponían en riesgo la preservación del lugar histórico, donde aún la Justicia Federal debe relevar posibles pruebas del terrorismo de Estado.
De parte de la familia Benzadón, propietaria del predio, acudió un abogado que "al principio se mostró renuente, pero luego se avino a conversar, porque incluso si se allanan a la ley, existe la posibilidad de acordar pautas como para que ellos armen un emprendimiento que conviva con el proyecto original, que es señalizar el lugar como sitio de memoria", planteó Said.
La Calamita es uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Allí más de un centenar de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. El proyecto de expropiación del predio fue presentado en noviembre del año pasado por la diputada Gutiérrez (SI-Frente Progresista) y actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.
La señalización pretendida se enmarca en las políticas de memoria, verdad y justicia. En 2013, el gobernador Antonio Bonfatti estableció por decreto declarar Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal.
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