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En la calle, pero también en los Tribunales. La lucha por el esclarecimiento de la muerte de Franco Casco sumará esta semana el frente legal para impulsar la causa del joven de 20 años que fue visto con vida por última vez en la comisaría 7ª el 6 de octubre, y que tres semanas después apareció muerto en el río Paraná. Franco vivía en Florencio Varela, trabajaba como ayudante de albañil, era papá de Thiago, de tres años, escuchaba a Pablo Lescano y había llegado a Rosario a pasar el fin de semana con sus primos, repartidos entre barrio Ludueña y Empalme Graneros. Ramón Casco, el papá de Franco, patrocinado por la Defensoría General de la Nación y Elsa Godoy, la mamá, representada por los abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, se presentarán como querellantes en la causa por desaparición forzada de persona que deben investigar el fiscal Marcelo Degiovanni y el juez federal Carlos Vera Barros. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también será querellante. "Ha sido una decisión política del ministro de Justicia (Julio Alak) que estemos en esta causa representando al Estado nacional por el interés que tiene en el esclarecimiento de estos hechos, y también por una potencial responsabilidad internacional que puede tener si no se esclarece", expresó el abogado de ese área, Santiago Bereciartúa, quien agregó que no sólo se trata de Franco, sino "de todos los jóvenes como él que terminan siendo los sujetos pasibles de la represión policial, porque sabemos muy bien que esa política es segmentada socialmente". Y confió: "Esperamos que sea un antes y un después, que podamos marcarle la cancha a la policía para que esto deje de suceder". Este jueves, a las 11.30, en los Tribunales Federales de Oroño 940, se hará el acto de presentación, con una concentración para acompañar el pedido de justicia por Franco.
Hasta ahora no hay ningún imputado. Para los abogados, lo más importante es que al formar parte del proceso podrán acceder a las pruebas que existen y producir otras. "No hemos accedido aún a las filmaciones, hay una cantidad de CDs con imágenes del banco (ubicado en la misma cuadra que la seccional) y de la comisaría que no hemos podido ver, por lo tanto no sabemos qué se perdió durante esos 20 días que se durmió la investigación en la fiscalía provincial y qué es lo que hay. Además, hay cosas por hacer, medidas de prueba que se pidieron en el fuero provincial en su momento y con el traspaso al federal no se completaron. Hay que hacer todo un relevamiento de la prueba y ver lo que no se produjo para producirlo", puntualizó Nicolás Vallet, abogado de la Asamblea.
Ser querellantes permitirá que la causa sea seguida de cerca por los padres de Franco. "Creemos fundamental la constitución de querellantes particulares que acompañen a la fiscalía para participar activamente también del proceso penal, más allá de la participación en la calle, la movilización, o la presión política", expresó Guillermo Campana, también abogado de la Asamblea y destacó: "Que también se constituyan la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Defensoría General de la Nación le da una potencia y una fuerza que de alguna manera nos da mucha más energía para impulsar la causa".
La participación del Estado nacional tiene varias razones. "La Secretaría lo consideró un claro hecho de violencia institucional. Justamente, se decidió participar no sólo en los juicios actuales por delitos de lesa humanidad sino también como clara violación de los derechos humanos por parte del mismo Estado en el presente", explicó Matilde Gatti, también abogada de la Secretaría.
Así como la movilización social fue determinante para que las instituciones policial y judicial comenzaran a buscar a Franco, ahora el impulso tiene que trasladarse a la causa. Campana rememoró que "cuando se desencadenó la desaparición de Franco, desde la fiscalía provincial no hubo compromiso en investigar, se permitió que la policía se investigara a sí misma, con (el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio) Del Vecchio y todas sus estructuras. Sólo gracias al impulso que le dio la Defensa pública, a través de Gabriel Ganón y obviamente de la movilización en la calle, se logró que se cambiara de carátula y pasara a la Justicia federal como desaparición forzada de persona". Para el abogado, ese proceso deja al desnudo la necesidad de impulsar la causa. Vallet agregó que esos primeros días de accionar policial en la investigación que los tenía como sospechosos fue "en contra de todos los tratados internacionales con rango constitucional".
Durante los primeros días de la desaparición de Franco, a Elsa Godoy la "ningunearon". A duras penas juntó el dinero para viajar a Rosario, donde sus familiares la alojan, pero en la comisaría 20ª ni siquiera se abrió una investigación por su denuncia de desaparición. Cuando Ramón, el papá de Franco, llegó a la comisaría 7ª, en su incesante golpear de puertas, recién ahí pudieron saber que su hijo había estado detenido de forma irregular en esa comisaría. "Ramón se enteró por casualidad de que Franco había estado en la comisaría. Ahí se hizo una denuncia en la fiscalía a cargo de Guillermo Apanowicz, donde no se investigó y 20 días después, cuando empieza a trascender públicamente, la fiscalía empieza a investigar, se mueve la causa oficiando y solicitando el paradero de Franco. Pero hubo ese lapso en el que la causa durmió y se perdieron pruebas fundamentales en el camino, como filmaciones y otro tipo de pruebas que son fundamentales en cuanto a la inmediatez", consideró Vallet.
- ¿Son pruebas imposibles de recuperar?, preguntó Rosario/12.
- Será difícil, pero habrá que intentar relevarlas de nuevo, del modo que sea y dentro de las posibilidades que haya respondió Vallet.
Para la Asamblea, esta causa se enmarca también en lo que este conglomerado de organizaciones sociales ve como una "escalada represiva contra los jóvenes de los sectores populares". "Venimos denunciando permanentemente la situación de los pibes y las pibas de los barrios. La respuesta o la política más importante del Estado en sus tres niveles hacia los barrios es la política represiva, la mayor presencia de funcionarios estatales en los barrios es la de agentes de seguridad de distintas fuerzas", consideró Campana. "Venimos asistiendo en el laburo cotidiano en los barrios a torturas, apremios, hostigamiento hacia los pibes y las pibas y en este caso llegó a una consecuencia letal como ha llegado también en otros casos que ha sucedido en el país últimamente (Ismael Sosa en Córdoba). Es por eso que acompañamos a la familia desde el primer momento y decidimos acompañarla también desde el plano jurídico. Es la primera vez que desde la Asamblea participamos como querellantes, si bien permanentemente estamos haciendo asesoramiento y acompañamiento a pibes y pibas víctimas de la represión estatal", agregó el abogado.
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