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A casi cuatro meses de la desaparición y muerte de Franco Ezequiel Casco, la lucha por esclarecer el hecho se trasladó ayer al frente de los Tribunales Federales, con la presentación de tres querellas que buscan sumarse a la investigación por "desaparición forzada de persona". El joven de 20 años fue visto con vida por última vez en la comisaría 7º, el 6 de octubre pasado, y veinte días después apareció muerto en el río Paraná, a la altura del Parque España. La familia del muchacho que estaba de visita en Rosario, desde Florencio Varela --donde trabajaba como ayudante de albañil para mantener a su hijo Thiago, de tres años--, y sus abogados fueron recibidos por el juez Carlos Vera Barros, quien deberá definir "en lo inmediato" si admite a los pretensos querellantes en la causa. Las presentaciones fueron de Elsa Godoy, la mamá de Franco, representada por abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud; el abogado Santiago Bereciartua, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por los derechos colectivos; y por primera vez en Rosario, la Defensoría General de la Nación se presenta como querellante; en este caso, para patrocinar a Ramón Casco, padre de la víctima.
Antes de entrar a hacer la presentación formal, Elsa sollozaba y se secaba los ojos con un pañuelo, apoyada en las rejas de ingreso a los Tribunales, en Oroño 940. "Es difícil volver a empezar. No estoy bien, pero sí estoy muy fuerte. Hay momentos en los que no quiero estar, pero es necesario que lo haga porque quiero justicia para mi hijo. Por eso agradezco a toda la gente que está acá acompañándome", dijo más tarde, sentada en el bulevar, cuando el sol del mediodía le daba de lleno en rostro. Allí estuvo rodeada de banderas de militantes que acompañaron a la familia: la Multisectorial conformada por el esclarecimiento del caso, el bodegón Pocho Lepratti, el Movimiento Evita, el PTS y otros.
Uno de los datos destacables de las presentaciones de querellantes, es que la Defensoría General de la Nación lo hace por primera vez en Rosario. "Nos presentamos formalmente como parte querellantes, relatamos los hechos y propusimos medidas de prueba. En este caso es muy importante porque la Defensoría resuelve ser querellante en casos excepcionales de violencia institucional, y en este caso se consideró grave, por eso me designaron para acompañar a Ramón, el papá de Franco, luego de que el juez Vera Barros admitiera la causa. Es muy importante la intervención de la Defensa Pública porque cumplimos con una de las obligaciones del Estado, que es el acceso a la justicia", resumió la defensora Matilde Bruera.
En ese sentido, planteó que la investigación debe "salir de la hipótesis policial, porque hasta ahora se vino investigando (en la justicia provincial) dentro de lo que relata la policía. Hay que empezar a investigar desde el día 6 de octubre. Concretamente, el delito de desaparición forzada involucra al personal de la comisaría donde estuvo Franco. El delito consiste no solo en la prohibición de la libertad, sino en la falta de respuesta del Estado y de información a la familia, tanto por parte de la policía como de la fiscalía regional", advirtió.
En tanto, el abogado de la Asamblea de la Niñez y la Juventud, Guillermo Campana, dijo en conferencia de prensa que en las presentaciones se expusieron los motivos para intervenir en la investigación. "Intentamos obtener el compromiso de que se va a investigar hasta que se esclarezca el hecho, por lo que suponemos que no habrá inconvenientes para ser admitidos en el proceso. Cuando eso suceda empezaremos a colaborar, por ejemplo en revisar las pruebas que hay hasta el momento. Vamos a diseñar una estrategia e hipótesis de trabajo. Lo que se hizo hasta ahora, fue en la justicia provincial, donde hasta se permitió que la policía se investigara a sí misma. Queremos saber qué sucedió, queremos la verdad en cuanto a Franco y que esto no vuelva a suceder porque no es excepcional, sino que se vive cotidianamente en los barrios".
En tanto, Bereciartua destacó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación "no suele constituirse como querellante en muchas causas, pero en este caso entiende que el hecho es totalmente relevante y el delito en el que interviene la policía de la provincia; se entiende que el Estado está interesado en el esclarecimiento. El Estado argentino terminaría siendo responsable internacional si no se investiga el delito de desaparición forzada de persona". Días atrás, el letrado dijo que la presentación fue "una decisión política del ministro de Justicia Julio Alak".
Desde que la jueza Roxana Bernardelli dijo en una audiencia oral de los Tribunales provinciales que no iba a permitir que pase "un día más" con la causa en ese fuero, por considerar que se trataba de una desaparición forzada de persona, el expediente llegó a los Tribunales Federales, donde fue admitido por Vera Barros e impulsado por el fiscal Marcelo Degiovanni. Aquella audiencia se realizó a partir de la insistencia del Defensor Público Provincial, Gabriel Ganón, quien desde el primer momento habló de esa figura y exigió que investigue al personal policial que estaba en la seccional 7º cuando detuvieron a Franco, por una supuesta resistencia a la autoridad. Ayer, Ganón lamentó que aún "no haya nadie imputado en el hecho; ni un policía pasado a disponibilidad"; y recordó que "el secretario de Control de las fuerzas de seguridad, (Ignacio) Del Vecchio, sustanció la hipótesis de que Franco estaba con vida y paseando, como cuando estábamos en dictadura".
Entre otras cosas, los abogados esperan ser admitidos a la brevedad para poder tener acceso a las pruebas reunidas en el expediente, tales como las filmaciones con imágenes del banco (ubicado en la misma cuadra que la seccional 7º) y de la misma comisaría. La idea es saber con qué elementos cuenta la causa que estuvo a cargo de la Fiscalía Regional. También hablaron de varias medidas a realizar.
La familia de Franco estaba en Florencio Varela cuando se comunicaron con la tía rosarina del muchacho para saber si Franco había salido de la ciudad, ya que supuestamente tomaría el tren de la noche anterior, desde Rosario Norte. Al día siguiente, Ramón ya estaba en Rosario, golpeando puertas para saber qué había pasado con su hijo. En la comisaría 20º, donde hicieron la denuncia, nada les dijeron. "Ramón se enteró por casualidad de que Franco había estado en la comisaría 7º", recordó ayer Bruera. En la fiscalía de Guillermo Apanowicz la denuncia llegó recién el 14 de octubre y Ganón fue el primero en denunciar "irregularidades" en la investigación.
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