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A casi nueve meses del homicidio de Franco Casco, el joven de Florencio Varela que estaba de visita en Rosario y cuyo cuerpo apareció flotando en el río Paraná después de 22 días desaparecido, los abogados querellantes adelantaron que pedirán la indagatoria de personal policial de la seccional 7º, donde el muchacho fue visto por última vez, tras ser arrestado "ilegalmente". Incluso, solicitarán la prisión preventiva de algunos acusados, con distintos grados de participación en el caso. "Si yo fuera policía de la comisaría 7º empezaría a buscar un abogado", dijo ayer Santiago Bereciartúa, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La medida se realizará luego de una nueva autopsia que autorizó el juez federal Carlos Vera Barros, para confirmar datos puntuales que se agregaron a la causa, en los últimos días, y que estarían relacionados con la causal de la muerte.
"Incorporamos nuevo material probatorio a la investigación y estaremos en condiciones de llamar a indagatoria a los presuntos responsables penales de la desaparición forzada de Franco Casco", dijo en conferencia de prensa el abogado Guillermo Campana, de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. "Esto tiene que ver con que pudimos confirmar nuestra hipótesis inicial, que distorsiona la versión que dio la policía, e implica que Franco fue detenido el 6 de octubre y luego desaparecido. A raíz de ello, el juez autorizó una nueva autopsia en virtud de que hay datos de una muerte violenta que no están constatados en la autopsia deficiente (realizada en el Instituto Médico Legal). Hay pruebas que no podemos nombrar porque de ahí pueden ordenarse otras, que también serán solicitadas". El nuevo estudio se hará en Buenos Aires, en los próximos días.
Bereciartúa agregó que "tras comprobar la responsabilidad penal de los policías de la comisaría 7º, entendemos que con la prueba recolectada podemos llamar a indagatoria y que esto será admitido por el juez. Aún no estamos en condiciones de determinar cuántos son, porque debemos revisar el grado de participación de cada uno de ellos", dijo.
La versión oficial da cuenta que Franco fue detenido el 7 de octubre, pero los abogados confirmaron ayer que el arresto se produjo el mismo día 6, cuando salió de la casa de su tía para tomar el tren de regreso a Florencio Varela. "La policía miente y armó actas de detención. Hemos reconstruido que ingresó a la comisaría, no hay pruebas de que salió con vida. Ahí se produjo la desaparición", señalaron.
Sobre la primera autopsia, realizada a poco de encontrarse el cuerpo, se quejaron: "Fue deficitaria. Miente o hizo laguna porque hay detalles que no surgieron, por eso Vera Barros aceptó este nuevo pedido".
Franco fue visto con vida por última vez en la comisaría 7º, el 6 de octubre pasado, y tres semanas después apareció muerto en el río Paraná. Vivía en Florencio Varela, trabajaba como ayudante de albañil, era padre de Thiago, de tres años, y había llegado a Rosario a pasar el fin de semana con sus primos de barrio Ludueña y Empalme Graneros.
Las querellas que impulsan la causa en la Justicia Federal son la Secretaría de Derechos Humanos de Nación; Ramón Casco, el papá de Franco, patrocinado por la Defensoría General de la Nación; y Elsa Godoy, la mamá, representada por los abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. En tanto, se incorporará el fiscal Santiago Marquevich, nombrado por la Procuración Nacional.
Desde diciembre, la causa por desaparición forzada de persona es investigada en los Tribunales Federales, tras la insistencia de la familia y el Defensor General Gabriel Ganón, que los representó para exigir la nueva carátula de incumbencia federal. "No voy a permitir que pase un mes más para que esto se investigue como corresponde. Es una grave violación de los derechos humanos y no se puede esperar que transcurran los años", dijo la jueza Roxana Bernardelli en la audiencia de hábeas corpus que determinó el cambio de fuero, y le sacó la causa al cuestionado fiscal Guillermo Apanowicz.
Por el momento, no hay personas imputadas ni detenidas, pero desde el primer momento, la madre y el resto de la familia de Franco sostuvo firmemente que al joven "lo mató la policía".
Durante los primeros días de la desaparición, Elsa juntó unos pesos y pudo viajar a Rosario, donde sus familiares la alojan, pero en la comisaría 20º no investigaron su primera denuncia por la desaparición. Cuando Ramón llegó a la comisaría 7º, por casualidad, supieron que su hijo había estado detenido allí de forma irregular, luego de que un supuesto vecino llamara para decir que había visto a un joven merodeando por el barrio.
Ya pasaron nueve meses desde entonces, y Elsa aún seca lágrimas de sus ojos, con un pañuelo de papel, mientras escucha con atención a los abogados que ayer adelantaron los avances judiciales en el expediente. En voz baja, solloza y dice que no estará tranquila "hasta que no se haga justicia".
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