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El juez federal Marcelo Bailaque resolvió indagar esta semana a Eugenio Zitelli al ex capellán de la policía rosarina durante la ultima dictadura. Los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta habían solicitado la indagatoria del ex capellán, así como del resto de la patota del Servicio de Informaciones por cuatro decenas de víctimas, en base a la profusa prueba surgida durante las dos audiencias de debate realizadas a partir de las elevaciones a juicio oral de la causa Feced.
"Las indagatorias ordenadas son verdadero motivo de celebración" dijo la abogada querellante Gabriela Durruty."En el caso particular de Zitelli -agregó- queremos destacar que el arzobispo rosarino Eduardo Martín será recibido por el Papa. Es por ello que vamos a pedirle que nos reciba en audiencia a fin de transmitirle nuestros requerimientos, ya que la iglesia tiene muchas deudas con nuestra democracia, y entendemos que aún tienen mucho que aportar en relación a las investigaciones por su propia responsabilidad en el genocidio, y no estamos hablando solo del pasado sino del presente. Una iglesia que no es clara en esta materia es pasible de nombrar como actual capellán policial a un párroco que, acorde trascendiera públicamente, defiende las prácticas de la última dictadura como Angel Di Benedetto" razonó Durruty.
La ronda de indagatorias, comenzará el martes 23 con las declaraciones de los ya condenados José Carlos Antonio Scortecchini y Eduardo Dugour a las 8 y 9 respectivamente, en dependencias del juzgado federal Nº 4 y el miércoles tendrá lugar la indagatoria del ex capellán. Como el clérigo procesado se encuentra excarcelado, se ordenó su citación por intermedio de la Gendarmería Nacional, a través de la Unidad especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales. Las indagatorias continuarán los días 1 y 2 de Julio, en los cuales el tribunal se apersonará en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, y en el Complejo Penitenciario Federal, UII de Marcos Paz, todos ellos situados en la provincia de Buenos Aires. Los días 1 y 2 de julio entonces, se indagará sucesivamente a Ramón "Rommell" Telmo Alcidez Ibarra, a Mario "El Cura" Alfredo Marcote, a Ramón "El Sargento" Rito Vergara, a Julio "Darío" Héctor Fermoselle, a Lucio "Ronco" César Nast, y a Ernesto "Managua" Vallejo. La atribución de los hechos se realizará en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, unidad 31 de Mujeres, donde se encuentran alojados los condenados, ex integrantes de la patota creada y conducida por el gendarme Agustín Feced.
Asimismo se indagará a José "El Ciego" Rubén Lofiego y a Carlos "Caramelo" Ulpiano Altamirano, en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, donde ambos cumplen condena, y a Héctor "Beto" Oscar Gianola, quien se encuentra en la Unidad 1 de Ezeiza en prisión preventiva.
Tanto José "Archie" Scortechini como Eduardo "Picha" Dugour se encuentran cumpliendo su condena en sus domicilios, por lo cual serán indagados en sede judicial.
La identidad, el número de víctimas y los hechos puntuales que serán imputados solo pueden conocerse una vez que el acto de la indagatoria se realiza, dado que son decisiones privativas del juez. Más, como la decisión de Bailaque proviene de 15 pedidos de indagatoria formulados por los fiscales Stara y Gambacorta, se especula cuáles serán algunas de las víctimas de la patota de Feced que ampliarán la base fáctica de la mega causa. Se espera que los hechos de Barrio Gráfico, que es el nombre con que se conoce el operativo que arrasara con la familia Bettanín y quienes se encontraban en el domicilio, sea parte de las imputaciones. En el caso de Barrio Gráfico se aguarda que el juez impute el homicidio de Cristina Bettanín, quien se viera obligada a ingerir una pastilla de cianuro ante el accionar de la patota que salvajemente ingresó en su domicilio en enero de 1977.
Otro caso impune hasta la fecha, es el de la familia Bustos, Victoria Pelliza, madre de Oscar y esposa de Marcos Luis Bustos, prestó declaración testimonial a instancias de la querella representada por las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini, corroborando lo ya declarado por su hijo Oscar en el Feced 1. La familia fue secuestrada en el Servicio de Informaciones con el objetivo de capturar a Raúl "Pepo" Luis Bustos, a quien finalmente secuestran desde su lugar de trabajo en la fábrica Techint, en Zárate, Campana, y se espera que Bailaque impute todos los hechos en las próximas indagatorias.
Para Gabriela Durruty "la trascendencia del caso Bustos reside en la mecánica de las detenciones, dado que se acuerda con las autoridades de Techint la detención de Raúl desde su interior, se monta un operativo en el cual dos integrantes de la patota se presentan como sus padres. Asi "Pepo" fue atrapado sin posibilidad de escape y torturado en el SI y cobardemente ejecutado. Estas imputaciones pondrán de relieve la responsabilidad empresarial en la represión ilegal", remarcó.
También se incluyen en los pedidos fiscales los casos de: José Oyarzábal, Cristina Constanzó, Daniel Barjacoba, Eduardo Laus, Maria Cristina Márquez, Analía Murgiondo, Sergio Abdo Jalil todos ellos víctimas de la Masacre de Los Surgentes.
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