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Un ex empleado del Banco Municipal irá a juicio acusado de brindar información de cuentas inmovilizadas con las que el ex juez civil Alejandro Martín, su secretario, dos abogados y un martillero realizaron "estafas reiteradas". Tomás Martínez Echenique era el único sospechoso que había sido desvinculado en la causa en la que el resto de los imputados fue acusado de "asociación ilícita" por haberse quedado con más de un millón de pesos pertenecientes a depósitos judiciales inmovilizados. Sucede que el bancario era un eslabón importante para las estafas, ya que su tarea era suministrar información interna de la base de datos de cuentas judiciales, para luego consumar los hechos, que se reiteraron en al menos 57 oportunidades.
"Cada imputado cumplía una tarea conforme a la división funcional predispuesta, efectuando un aporte sin el cual cada uno de los hechos achacados no se hubieran podido consumar", dijeron los camaristas Guillermo Llaudet, Georgina Depetris y Otto Crippa García, en mayo pasado, cuando consideraron que al empleado bancario también le cabía una acusación, ya que la jueza Mónica Lamperti lo había desvinculado.
Es que en primera instancia, el bancario recibió falta de mérito; pero el fiscal de cámaras Guillermo Camporini apeló esa resolución, y argumentó que Martínez era "otra pata" de la organización. El funcionario judicial resaltó que el empleado "reconoció haber mantenido una vinculación económica con el martillero Oscar Kovalevski -acusado de organizador- en el período de comisión de los ilícitos juzgados, como también haberle informado de saldos de cuentas judiciales sin razón válida".
Ahora, fue procesado como miembro de la asociación ilícita, por fraude contra la administración pública en cinco oportunidades y falsedad de instrumento.
La denuncia contra el ex magistrado, su secretario, dos abogados y el martillero llegó a la Corte en octubre de 2012. Por aquellos días, el Banco Municipal advirtió sobre manejos irregulares con los fondos de cuentas embargadas, que consistían en oficios librados por el juzgado Civil y Comercial Nº 17 para ordenar pagos a beneficiarios de aparentes juicios ejecutivos. En su momento, el fiscal Carlos Covani acusó a los imputados tras haber detectado 57 maniobras, por la suma de un millón 50 mil pesos. La acusación incluyó hechos perpetrados, también, desde el juzgado Civil Nº 1.
Durante la pesquisa, el fiscal de primera instancia advirtió que alguien dentro de la entidad suministraba datos relacionados con las cuentas inmovilizadas y fue entonces que la Justicia citó al empleado bancario.
Los primeros condenados en la causa fueron los abogados Jorge Heter y Luciano García Montaño, beneficiarios de las órdenes de cobro que partían desde el juzgado de Martín, con su firma y la de su secretario Ricardo Lavaca. Quienes pasaban por la ventanilla de la sucursal Tribunales a hacerlas efectivas eran el martillero Kovalevski, Heter y García Montaño. Esos oficios no tenían fundamento legal, y la seguidilla de presentaciones levantó sospechas en la entidad bancaria.
Durante los primeros meses de la investigación, los dos letrados confesaron ser beneficiarios de las maniobras y apuntaron al rematador como "organizador" del delito. La sentencia contra ellos se dictó en juicio abreviado, a tres años en suspenso, más siete y cinco años de inhabilitación.
En tanto, tras ser imputado en diciembre de 2012, el ex juez Martín fue sometido a jury con la acusación del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre. El 3 de octubre de 2013, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó. De esa manera, perdió sus fueros y fue nuevamente citado por la jueza Lamperti. Desde entonces fue juzgado penalmente; aunque la decisión del tribunal se encuentra recurrida por la defensa de Martín.
Así, el 15 de mayo pasado, Lamperti procesó al ex magistrado por estafas reiteradas. Martín fue acusado también por ser parte de la asociación ilícita desde la cual, con su secretario y los profesionales, realizaron los delitos. Además, le imputaron "defraudación, falsedad ideológica y prevaricato". Frente a ello, llegará a juicio junto con el martillero, acusado como "organizador", el secretario del juzgado y el empleado bancario.
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