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Aunque contaba con varias denuncias por estafas a empresas, iniciadas en 2005, el abogado Jorge Fernández Méndez fue condenado a un año de prisión de cumplimiento condicional por solo una de ellas. En los demás expedientes, la fiscal Lucía Araoz desistió de la acusación; y en otras, resultó absuelto por prescripción de la acción penal. La Justicia llegó a la sentencia a través de un juicio abreviado, con el acuerdo de la Fiscalía y la defensa del imputado. Otros abogados que fueron acusados junto a Fernández Méndez --sindicado como el organizador en el procesamiento de 2006-- resolvieron su situación procesal mediante probations (suspensión de juicio a prueba).
Las denuncias de las empresas fueron presentadas en marzo de 2005. Las investigaciones, que luego se unificaron, fueron tramitadas por el Juzgado de Instrucción 5ª, donde Fernández Méndez fue procesado, un año después, por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe y organizador, estafa procesal y partícipe primario del delito de quiebra fraudulenta, falsedad y estafa, entre otros. Por delitos similares fueron acusados otros siete abogados.
En su momento, Rosario/12 publicó que los letrados se dedicaban a realizar estafas procesales en juicios de quiebras y concursos preventivos de empresas, muchas de ellas "fantasma". El ardid consistía en inflar el pasivo de firmas en quiebra a fin de perjudicar a los verdaderos acreedores.
En 2009, la causa llegó al juzgado de Sentencia Nº 5, a cargo de Gustavo Salvador, y a mediados de este año la fiscal Araoz --previo a iniciar su jubilación-- cerró un acuerdo abreviado con la defensa de Fernández Méndez, quien fue condenado en una sola de las causas, por los delitos de falsificación de documento público y administración fraudulenta.
Según el fallo, el acusado fue sobreseído por prescripción de la acción penal en otras causas donde se lo acusaba de falsedad de documento privado, uso de documento privado falso, prevaricato y estafa procesal. "Se desiste de acusar por el delito de administración fraudulenta"; "de la acusación de los delitos de asociación ilícita, estafa procesal y quiebra fraudulenta"; y se apuntó a "la extinción de la acción penal por prescripción, respecto del delito de estafa en grado de tentativa", expresa el planteo fiscal.
En el fallo, el juez Salvador ordenó que por el plazo de dos años, el acusado deberá fijar residencia, la que no podrá variar sin dar aviso a la Oficina de Gestión Judicial.
Según consta en la investigación, Fernández Méndez dirigía un estudio de abogados que prometía la recuperación y continuidad de las Pymes asesoradas por ellos. La Justicia lo acusó de "haber defraudado a sus clientes con el ardid de hacerles firmar un falso convenio al que se habría arribado, con una falsa certificación de escribano".
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