La Justicia orden贸 el cumplimiento de un fallo de desalojo, que est谩 firme desde 2005, con respecto a un terreno de alrededor de doce hect谩reas, usurpado por unos tres mil habitantes, en Sorrento y Cullen. La jueza de Circuito Stella Maris Bertune tuvo en cuenta esa situaci贸n y el derecho constitucional al techo digno, por lo que propone que antes del procedimiento haya una nueva instancia de di谩logo, el 15 de diciembre, entre funcionarios municipales, provinciales y representantes del Concejo Municipal. La idea es generar un encuentro que permita buscar nuevamente -hubo varias reuniones, sin 茅xito- el intercambio de propuestas, tanto para que el Municipio reubique a las familias, como ante la posibilidad de presentar un nuevo proyecto para su expropiaci贸n, sobre lo que se hab铆a avanzado en 2010, sin suerte.
La Compa帽铆a Santafesina de Tierras compr贸 el predio en 1984; mientras que la demanda para desocupaci贸n del mismo que se usurp贸 por eso a帽os fue presentada en 1999. En aquel entonces, el juez a cargo del expediente era Hugo Escalante, quien antes de dictar la resoluci贸n convoc贸 a las partes en el intento por llegar a un acuerdo, ya que los habitantes del predio -muchos de la comunidad qom- propon铆an pagarlos con sus planes de trabajo y lo que ganaban del cirujeo y otras labores informales. Sin embargo, no se logr贸 una soluci贸n y el magistrado dict贸 sentencia de desalojo hace diez a帽os.
En 2009, el ex intendente y gobernador electo Miguel Lifschitz envi贸 al Concejo Municipal el proyecto para que el terreno fuera declarado de inter茅s p煤blico y social, sujeto a expropiaci贸n. As铆, en 2010 sali贸 la ordenanza 8.697, hubo una multitudinaria reuni贸n entre las partes; y se envi贸 la iniciativa de expropiaci贸n a la Legislatura provincial, donde el tema no avanz贸.
Seg煤n expresa el fallo, por aquellos d铆as, las c谩maras de Diputados y Senadores respondieron que "no se encontraban antecedentes" sobre el tr谩mite; es decir, que "en sus registros no se encontraba el proyecto". En febrero de 2012, la jueza Bertune se hizo cargo del juzgado y del expediente, por lo que volvi贸 a convocar a reuniones, debido a que hac铆a siete a帽os hab铆a una resoluci贸n incumplida.
Al a帽o siguiente, la Municipalidad present贸 copias de la nota dirigida a la Legislatura provincial, por la cual "se somete al tratamiento y sanci贸n el proyecto de expropiaci贸n". Sin embargo, Diputados inform贸 a la Justicia que "no se encuentra en tratamiento el proyecto de ley aludido".
En los 煤ltimos meses, los demandantes volvieron a reclamar a la magistrada el cumplimiento del fallo de 2005. As铆, debi贸 resolver la situaci贸n el 10 de noviembre pasado, y puso fecha de desalojo para mediados de febrero, pero antes volvi贸 a citar a las partes, para lograr un acuerdo, en diciembre pr贸ximo.
En su decisi贸n, la jueza aclara que este tipo de desalojos contemplan una serie de tratados internacionales, "siempre teniendo en cuenta la divisi贸n de poderes". En esos t茅rminos, se apunta a hacer cumplir la sentencia de 2005, pero a la vez tener en cuenta la problem谩tica social.
El mes pasado, el secretario de H谩bitat, Gustavo Leone, habl贸 de la "dificultad" que genera reubicar a esa cantidad de familias; y, al mismo tiempo, se帽al贸 que la firma pretende recibir dinero del Estado y en esos t茅rminos "fuerza" el juicio de desalojo.
El abogado de los empresarios, Juan Luis Hourcade, dijo ayer en LT8 que el Estado "nunca tom贸 la decisi贸n de resolver el problema" y neg贸 que se trate de cuestiones de dinero.
Para la jueza, "los antecedentes (del expediente) denotan los esfuerzos de funcionarios, apoderados y abogados, que han trabajado sin resultado positivo". Y puntualiz贸: "El gran tema es el acceso a la vivienda para que no sea un simple tejado sobre las cabezas. Lo que se est谩 planteando no es una vulneraci贸n de los principios republicanos de gobierno; sino la interacci贸n de los tres poderes en un constitucionalismo activo".
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