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La Justicia ordenó el cumplimiento de un fallo de desalojo, que está firme desde 2005, con respecto a un terreno de alrededor de doce hectáreas, usurpado por unos tres mil habitantes, en Sorrento y Cullen. La jueza de Circuito Stella Maris Bertune tuvo en cuenta esa situación y el derecho constitucional al techo digno, por lo que propone que antes del procedimiento haya una nueva instancia de diálogo, el 15 de diciembre, entre funcionarios municipales, provinciales y representantes del Concejo Municipal. La idea es generar un encuentro que permita buscar nuevamente -hubo varias reuniones, sin éxito- el intercambio de propuestas, tanto para que el Municipio reubique a las familias, como ante la posibilidad de presentar un nuevo proyecto para su expropiación, sobre lo que se había avanzado en 2010, sin suerte.
La Compañía Santafesina de Tierras compró el predio en 1984; mientras que la demanda para desocupación del mismo que se usurpó por eso años fue presentada en 1999. En aquel entonces, el juez a cargo del expediente era Hugo Escalante, quien antes de dictar la resolución convocó a las partes en el intento por llegar a un acuerdo, ya que los habitantes del predio -muchos de la comunidad qom- proponían pagarlos con sus planes de trabajo y lo que ganaban del cirujeo y otras labores informales. Sin embargo, no se logró una solución y el magistrado dictó sentencia de desalojo hace diez años.
En 2009, el ex intendente y gobernador electo Miguel Lifschitz envió al Concejo Municipal el proyecto para que el terreno fuera declarado de interés público y social, sujeto a expropiación. Así, en 2010 salió la ordenanza 8.697, hubo una multitudinaria reunión entre las partes; y se envió la iniciativa de expropiación a la Legislatura provincial, donde el tema no avanzó.
Según expresa el fallo, por aquellos días, las cámaras de Diputados y Senadores respondieron que "no se encontraban antecedentes" sobre el trámite; es decir, que "en sus registros no se encontraba el proyecto". En febrero de 2012, la jueza Bertune se hizo cargo del juzgado y del expediente, por lo que volvió a convocar a reuniones, debido a que hacía siete años había una resolución incumplida.
Al año siguiente, la Municipalidad presentó copias de la nota dirigida a la Legislatura provincial, por la cual "se somete al tratamiento y sanción el proyecto de expropiación". Sin embargo, Diputados informó a la Justicia que "no se encuentra en tratamiento el proyecto de ley aludido".
En los últimos meses, los demandantes volvieron a reclamar a la magistrada el cumplimiento del fallo de 2005. Así, debió resolver la situación el 10 de noviembre pasado, y puso fecha de desalojo para mediados de febrero, pero antes volvió a citar a las partes, para lograr un acuerdo, en diciembre próximo.
En su decisión, la jueza aclara que este tipo de desalojos contemplan una serie de tratados internacionales, "siempre teniendo en cuenta la división de poderes". En esos términos, se apunta a hacer cumplir la sentencia de 2005, pero a la vez tener en cuenta la problemática social.
El mes pasado, el secretario de Hábitat, Gustavo Leone, habló de la "dificultad" que genera reubicar a esa cantidad de familias; y, al mismo tiempo, señaló que la firma pretende recibir dinero del Estado y en esos términos "fuerza" el juicio de desalojo.
El abogado de los empresarios, Juan Luis Hourcade, dijo ayer en LT8 que el Estado "nunca tomó la decisión de resolver el problema" y negó que se trate de cuestiones de dinero.
Para la jueza, "los antecedentes (del expediente) denotan los esfuerzos de funcionarios, apoderados y abogados, que han trabajado sin resultado positivo". Y puntualizó: "El gran tema es el acceso a la vivienda para que no sea un simple tejado sobre las cabezas. Lo que se está planteando no es una vulneración de los principios republicanos de gobierno; sino la interacción de los tres poderes en un constitucionalismo activo".
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