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Despu茅s de seis meses de negociaciones, la Justicia logr贸 evitar el desalojo de un predio de Constituci贸n al 4300, donde habitan desde 2009 unas 430 personas, que ahora pagar谩n sus terrenos. El acuerdo lleg贸 tras la primera orden de desocupaci贸n resuelta por el Juzgado de Instrucci贸n 6潞, en 2014, donde se les hab铆a formado causa penal a los vecinos por el delito de usurpaci贸n. Tras el fallo, la fiscal de C谩maras Mar铆a Eugenia Iribarren apel贸 la decisi贸n y r谩pidamente intervino la defensora general de C谩maras, Marcela de Luca, en favor de los vecinos. Las negociaciones con los cuatro propietarios del predio llegaron a buen puerto luego de que, con acuerdo del Concejo Municipal, se firmara la Ordenanza Municipal 9.479 que declar贸 de inter茅s social las tierras. Ayer, el camarista Guillermo Llaudet orden贸 que se extinga la acci贸n penal y admiti贸 el acuerdo. Ahora, los vecinos, todos trabajadores -seg煤n se destac贸- pagar谩n un adelanto del 30 por ciento del valor del terreno, y el resto en cuotas acordadas con los due帽os. El hecho fue le铆do como "hist贸rico" por los actores judiciales.
Si bien los vecinos comenzaron a ocupar el predio en 2009, reci茅n en 2012 se inici贸 el juicio de desalojo, con causas contra los habitantes del lugar. Seg煤n indic贸 la defensora De Luca, en el terreno habitan al menos 200 menores de edad, dentro de las 113 familias de ciudadanos argentinos, pero tambi茅n de origen paraguayo, colombiano, peruano y boliviano. Muchos se desempe帽an en la construcci贸n y hay mujeres que trabajan como enfermeras; adem谩s de otros trabajos informales con los que se comprometieron a pagar el espacio donde construyeron sus viviendas, algunas de material y avanzadas.
Seg煤n expresa el acta acuerdo, las negociaciones se iniciaron el 30 de marzo de este a帽o. Hubo diversas reuniones y conversaciones en las que De Luca represent贸 a las familias, "a los fines de encontrar una salida consensuada", debido al arraigo de las personas con sus vecinos y con el lugar.
De los encuentros participaron tanto los propietarios del predio como representantes de la Municipalidad, la provincia y la fiscal Iribarren. Desde aquel momento, los ocupantes manifestaron su voluntad de adquirir los terrenos en los que se encuentran edificadas sus casas.
La principal preocupaci贸n de los actores judiciales ten铆a que ver con que "no se produjeran perjuicios" para los habitantes; porque ello "podr铆a afectar el inter茅s social".
La idea del acuerdo es, adem谩s, que "en un futuro, tras la intervenci贸n de la Municipalidad, el gobierno provincial, y el Concejo Municipal, se llegue a la realizaci贸n de un loteo en la ocupaci贸n, y tras la cancelaci贸n de la deuda asumida, con el boleto de compra venta, los vecinos puedan adquirir el dominio individual de cada lote futuro". El valor de referencia es de 165 mil pesos financiados, cada 200 metros cuadrados.
"En su mayor铆a, los habitantes edificaron sus viviendas con material y por ello tienen un grado de permanencia y estabilidad", expresa el acta acuerdo. Por ello es que se habla tambi茅n de un r茅gimen de loteo y posteriores "mejoras" de las condiciones del lugar, con trazado de calles, entre otras cosas.
En la audiencia de ayer, donde el juez Llaudet aval贸 el acuerdo, la fiscal Iribarren hizo hincapi茅 en que "siempre se manifest贸 que esto era un conflicto social, y no penal, que se podr铆a solucionar por la v铆a de un acuerdo como 茅ste; por lo que no resulta necesario seguir con la causa penal".
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