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Martes, 16 de febrero de 2016
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La jueza Bertune posterg贸 el desalojo de 400 familias en el noroeste

Un barrio que se urbaniza

La resoluci贸n surge porque los abogados de las familias y la propietaria del terreno, junto a la provincia y el municipio, llegaron a un principio de acuerdo a partir de la propuesta acercada por vecinos para adquirir el predio a trav茅s de un fideicomiso.

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El Estado ejecutar谩 obras p煤blicas como la apertura y pavimentaci贸n de calles.

La jueza Stella Maris Bertune decidi贸 ayer volver a postergar el desalojo de las 400 familias que ocupan un terreno de doce hect谩reas en Cullen y Sorrento, previsto para el 15 de abril. La resoluci贸n surge porque los abogados de las familias y de la Compa帽铆a Santafesina de Tierras, propietaria del terreno, junto a la provincia y el municipio, llegaron a un principio de acuerdo, a partir de la propuesta acercada por los vecinos para adquirir el predio a trav茅s de un fideicomiso en el marco de un plan de urbanizaci贸n integral. En la audiencia de mediaci贸n, las familias estuvieron acompa帽adas por los concejales Celeste Lepratti (FSyP), Eduardo Toniolli y Mar铆a Magnani (PJ), quienes presentaron iniciativas tendientes a resolver el conflicto. Las partes volver谩n a reunirse el pr贸ximo 15 de marzo para analizar un borrador del acuerdo, y un mes m谩s tarde se rubricar铆a, caso contrario los propietarios podr谩n pedir una nueva fecha de desalojo.

El proyecto de urbanizaci贸n integral de barrio Cullen, un fideicomiso que tiene como objetivo considerar el espacio como un loteo social, presenta varios puntos b谩sicos, entre los que se cuentan los aportes que va a hacer el Estado para ejecutar las obras p煤blicas que garanticen la apertura y pavimentaci贸n de calles, forestaci贸n, trabajos pluviales, red de agua y cloacas, red el茅ctrica y de alumbrado p煤blico, red de gas, forestaci贸n y espacios verdes.

Tambi茅n incluye el compromiso que har谩n los vecinos del pago del 20 por ciento de sus ingresos como cuota, y la obligaci贸n de no ingresar nuevas familias. De esos aportes, un porcentaje estar谩 destinado a pagar el terreno, otro ser谩 para un fondo de previsi贸n por posibles incumplimientos, mientras que un porcentaje se destinar谩 a la autoconstrucci贸n de viviendas sociales.

"Es una propuesta elaborada por los vecinos, que no se hace encerrada en un escritorio si no viviendo en un asentamiento irregular, padeciendo no tener servicios. Con estas bases le decimos al Estado que hay posibilidad de hacer un plan de urbanizaci贸n popular, afectando el 20 por ciento de los ingresos para el pago de la tierra", dijo a Rosario/12 Anal铆a Carri贸, quien junto a Anal铆a Abreu patrocina a un grupo de vecinos.

"Si se aprueba el proyecto, el due帽o de la tierra tiene que reconocer que la vende en mayor 谩rea; es decir, como est谩. Esto es muy importante porque lo que encarece cualquier loteo es la obligaci贸n del loteador, mientras que la provincia junto al municipio se responsabilizan de hacer la urbanizaci贸n", agreg贸.

Carri贸 explic贸 que si no se logra un acuerdo los propietarios pueden volver a pedir una fecha de desalojo. En ese caso, plante贸, el plan B es avanzar con la expropiaci贸n, cuya ley fue presentada por los diputados Carlos del Frade y Mercedes Meier (FSyP) en la Legislatura provincial.

La abogada destac贸 la intervenci贸n tanto de la provincia, el municipio y el Concejo Municipal en un conflicto por las tierras que tuvo una sentencia de desalojo hace m谩s de 10 a帽os. Adem谩s, indic贸 que el Servicio P煤blico de la Vivienda (SPV) realizar谩 un censo que se trabajar谩 en forma conjunta con los vecinos y las organizaciones sociales. "Las familias no quieren regalos, van a pagar los terrenos con su ingresos", plante贸 Carri贸.

"Despu茅s de tantos a帽os nos vamos con algo bueno", resumieron Marcela y Ana L铆a, representantes de los vecinos. En relaci贸n al cronograma que dispuso la magistrada para sellar el acuerdo, Abreu precis贸 que el 15 de marzo se reunir谩n las partes, extrajudicialmente, junto a las autoridades en la secretar铆a de H谩bitat para afinar los alcances del acuerdo. El 15 de abril, fecha en la que estaba previsto el desalojo, presentar谩n el proyecto a la jueza Bertune con la expectativa de firmar un acuerdo entre la empresa, el Estado y los vecinos.

"En principio, lo que se puede rescatar es que se lleg贸 a un acuerdo entre todas las partes afectadas, aunque seguramente habr谩 mucho trabajo para poder llevarlo a la pr谩ctica", consider贸 la concejala Lepratti, autora de la iniciativa para crear un fideicomiso. administrado por el Banco Municipal. "Para los vecinos es bueno saber que hay una posibilidad de que se desestime el desalojo despu茅s de m谩s de 20 a帽os de conflicto. Tambi茅n es muy importante que provincia y municipio se comprometan para llevar adelante una urbanizaci贸n en serio para todos las tres mil personas afectadas", agreg贸 la edila.

Antes de la audiencia, los concejales Toniolli y Magnani, quienes tambi茅n presentaron un proyecto en el Concejo solicitando que el municipio elabore un Plan Especial, tal como lo establece el C贸digo Urbano, mantuvieron una reuni贸n con la jueza Bertune a quien le explicaron la iniciativa.

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