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Los concejales Norma L贸pez (FpV), Eduardo Toniolli (PJ), Fernanda Gigliani (IP), Marina Magnani (UyO), Lorena Gim茅nez (PPS), Carlos Cossia (Peronismo Solidario), Caren Tepp, Juan Monteverde y Pedro Salinas (Ciudad Futura) y Celeste Lepratti (Frente Social y Popular) exigieron al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, que "se abstenga de realizar o instrumentar cualquier tipo de normativa, protocolo u orden que implique la criminalizaci贸n de la protesta social a trav茅s de la restricci贸n de los derechos de reuni贸n, protesta, manifestaci贸n, de petici贸n ante las autoridades, as铆 como de cualquier otro derecho consagrado en la Constituci贸n Nacional y en Pactos Internacionales de Derechos Humanos".
"Nos preocupa la ambig眉edad de las declaraciones de funcionarios del gobierno de Santa Fe sobre la adhesi贸n al Protocolo de Actuaci贸n de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones P煤blicas" por parte del Ministerio de Seguridad de la Naci贸n, presentado en el Consejo de Seguridad Interior el 17 de febrero en San Carlos de Bariloche, "herramienta que promueve la represi贸n desde un marco legal, a trabajadores y ciudadanos que leg铆timamente ejercen sus derechos a la protesta, la libertad de expresi贸n y de pensamiento".
"Esta es una de las cartas m谩s duras y antidemocr谩ticas de la gesti贸n del presidente Maurcio Macri, que deja a las claras la falta de capacidad de di谩logo, convivencia y el modus operandi autoritario sobre los argentinos", se帽ala el texto.
El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, adhiri贸 en representaci贸n de la provincia y como paso imprescindible para hacer efectiva este acuerdo, el gobernador tendr铆a que elaborar un protocolo que respete el nacional.
"Exigimos que no lo haga en nombre de los vecinos de Rosario. Los derechos a la libertad de reuni贸n pac铆fica y de asociaci贸n son la piedra angular de toda democracia y es un deber del Estado su defensa y protecci贸n. El derecho a la protesta social es una conjugaci贸n que se desprende del derecho a la libertad de expresi贸n y del derecho a reuni贸n, ambos reconocidos en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano de protecci贸n de los derechos humanos", agregaron los ediles.
"La nueva normativa --sostuvieron-- representa un cambio regresivo del paradigma en materia de regulaci贸n de la protesta social e implica un grave retroceso institucional y pol铆tico en materia de Derechos Humanos y garant铆as constitucionales que afectan gravemente el principio de no regresividad de los DD.HH., vulnerando derechos consagrados constitucionalmente y en Pactos Internacionales".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se expres贸: "Uno de los aspectos m谩s graves de la resoluci贸n es que no proh铆be de manera expl铆cita que los polic铆as que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. Estas omisiones deshacen una medida fundamental que se hab铆a tomado luego de los peores episodios de represi贸n en democracia, en los que las fuerzas de seguridad causaron decenas de muertos".
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