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Ante la orden judicial de desalojo del tambo La Resistencia en la zona rural de Nuevo Alberdi, el bloque de concejales de Ciudad Futura intentará este jueves avanzar sobre tablas con un proyecto de ordenanza que declare el predio de interés social sujeto a expropiación, para que luego la Legislatura provincial avance con la expropiación definitiva. "Es un momento de definición porque la justicia ya ordenó el desalojo y nosotros definimos que nos vamos a quedar y vamos a resistir", indicó a Rosario/12 el titular del bloque, Juan Monteverde. El edil dijo que quedan pocos días "para que primen la política y la razón y así encontrar una solución que no sólo resuelva el desalojo, si no que plantee un mojón para discutir la cuestión de Nuevo Alberdi de otra manera". La presencia de concejales de diferentes bloques en la difusión del proyecto, algunos para acompañar la iniciativa y otros para informarse sobre la situación, permite deducir que aún existe una posibilidad de encontrar una solución política al conflicto.
Para aprobar el proyecto en la próxima sesión, los ediles de Ciudad Futura necesitan una mayoría especial. Como Movimento Giros acompañaron a Oscar Licera y a la Cooperativa que gestiona el tambo La Resistencia en el proceso judicial, con más de siete juicios civiles y penales, de la que ya no cuentan con ninguna instancia de apelación. Por tal motivo presentaron ayer el proyecto en una conferencia de prensa de la que participaron los concejales del bloque, Caren Tepp y Pedro Salinas, Fernanda Gigliani (IP), Lorena Giménez (PPS), María Eugenia Schmuck (Radicales Progresistas), Eduardo Toniolli (PJ), Alejandro Roselló y Renata Ghiliotti (PRO).
Tras hacer una síntesis del recorrido histórico del conflicto en las tierras de Nuevo Alberdi, Monteverde dijo que el pasado viernes recibieron la cédula de desalojo para el próximo jueves 14 a las 9, luego que la Cámara de Apelaciones en lo Civil revocara la incorporación del tambo al registro de freno por cinco años a los desalojos de unidades productivas. En ese marco, el concejal informó cuál era la propuesta del bloque "como una salida no violenta, porque la justicia determinó el desalojo, y nosotros que de esas tierras no nos vamos a ir. Si todo sigue así, vamos a estar en el tambo y también la policía".
El edil aclaró que el del tambo La Resistencia fue el único caso de todo el conflicto de Nuevo Alberdi, entre los históricos habitantes del lugar y un grupo empresario, encabezado por Mario Jauregui, que quería desarrollar un barrio privado, que se judicializó. "Este expediente tiene la particularidad de que el que inicia el juicio de desalojo no tiene la escritura del terreno, si no que lo inicia con un comodato por tres meses que le hace firmar a Oscar en el 2007, engañándolo, suponiendo que eso mejoraba la situación", relató Monteverde.
"Hace más de 20 años que está trabajando ahí, lo estafaron y el Estado no puede convalidar esta situación ante una relación de fuerzas tan desigual. Y la realidad es que los ejecutivos provincial y municipal siempre dejaron hacer al grupo privado", agregó el concejal, quien comparó la maniobra de estos grupos inmobiliarios para quedarse con las tierras "con la que salió en los últimos días con el caso de Puerto Norte, donde hay un empresario que aparece haciéndose firmar cesiones de derechos posesorios para con eso tramitar una usucapión".
Las abogadas de la Cooperativa, Gabriela Durruty y Jessica Pellegrini indicaron que incorporaron al expediente "muchísimas pruebas justificando el interés social" del emprendimiento. Además, consideraron que no se trata de un conflicto "entre dos particulares, si no que es un problema social con otros derechos que tienen que ver con los intereses colectivos". Por otra parte, adelantaron que solicitarán a la Corte provincial que haga lugar a una audiencia pública "donde se puedan escuchar realmente a todos los actores".
La concejala Gigliani planteó que comparte "el diagnóstico general y la solución" del conflicto. La concejala Schmuck, en tanto, dijo que la declaración de interés público o social es la "manera de decir que el Estado intervenga para que los privados no se aprovechen de las ganancias de cualquier plan futuro de urbanización". Mientras que la edila Ghiliotti realizó algunas consultas relacionadas al expediente judicial, y cuál fue el comportamiento de la Municipalidad en relación al conflicto, el concejal Toniolli preguntó si la justicia había desconocido la ley provincial sobre el cese de los desalojos durante cinco años de los inmuebles rurales, y la ley nacional de agricultura familiar que establece lo mismo durante tres años.
"La expropiación de las siete hectáreas significa planchar la especulación inmobiliaria, darle la seguridad al tambo, pero que eso permita pensar un proyecto ícono de urbanización de toda la zona, que tenga un perfil público y para todos que permita abordar el déficit ocupacional", puntualizó Monteverde.
Según el edil, en la zona del conflicto "hay lugar para los actuales ocupantes, para los que los estafaron y le vendieron un proyecto que no existe, y para los rosarinos que no tienen vivienda. Tenemos 250 hectáreas y ¿se la vamos a regalar a cuatro vivos que hacen negocios con el Estado?. Esa es la pregunta que tienen que responde los concejales en primera instancia y después los diputados provinciales".
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