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El destino de las últimas tierras de Puerto Norte se definirá en el Concejo Municipal entre dos proyectos antagónicos: mientras concejales del PRO y la UCR pretenden reubicar a la sesenta familias que habitan allí desde hace 30 años para entregar esas tierras a emprendedores inmobiliarios, el Frente Para la Victoria y otros opositores exigen que la gente sea contenida en ese mismo espacio y que los terrenos sean de uso público, y no privado. "Hay sectores políticos que antes quisieron usar la excusa de un bunker en el lugar como excusa para erradicar ese asentamiento, en lugar de urbanizarlo con esas mismas familias" reveló el concejal Eduardo Toniolli en referencia a los proyectos de Carlos Cardozo (PRO) y Martín Rosúa (UCR).
El legislador peronista explicó que "la Unidad 3 consta de 36 hectáreas que hoy están bajo la órbita de la ADIF (Administración de Infraestructura Ferroviaria) dependiente del Ministerio de Interior y Transporte, y sobre las que el municipio ya viene reclamando que se las trasladen para su manejo. Nosotros creemos que hay que discutir el uso porque hay varios bienes a preservar: uno de ellos son dos hectáreas y media que corresponden a la bodega Linares-Trechel, que es una fábrica recuperada que funciona, y que le da trabajo a muchísimos rosarinos que han salido adelante a pesar del abandono de sus dueños. Otro bien a preservar son las sesenta familias que en muchos casos hace más de 30 años que viven en el lugar, y entre las dos son seis hectáreras. A eso hay que sumarle unas 30 hectáreas de tierras públicas, que tiene que ser defendidas en ese rol, para que sea el propio estado el que decida que tipo de emprendimiento quiere llevar adelante.
--¿Cuáles son esos proyectos?
--Desde la posibilidad de generar viviendas para sectores populares a de tener tierras disponibles para el banco de tierras, hasta avanzar en la disponibilidad de lotes para sectores medios. Eventualmente para generar un gran parque público, de libre acceso que es una zona de la costa norte, que ya ha sido suficientemente entregada a desarrolladores inmobiliarios y por eso debe pensarse en otros usos posibles, en ese pulmón verde.
--Estamos hablando del sector frente a la rotonda, un espacio verde que esta a espaldas de las Torres Dolphinas, del lado contrario al río.
--Así es, esta es una cuña verde en todo ese sector de la ciudad. Lo que nos importa mucho el destino de estas sesenta familias, que habitan un predio que en algún momento fue puesto en la mira pública por un la aparición de un famoso búnker de ventas de droga. Esto sirvió en algún momento, como excusa al sector político del PRO para intentar mezclar a la gente en una situación estrictamente penal, sobre la que además huelga investigar algunos puntos, como las relaciones con la comisaría del barrio que queda a la vuelta. Hay sectores políticos que quieren usar esa excusa para erradicar ese asentamiento, en lugar de urbanizarlo por el tiempo que hace que están allí las familias. Esto tiene el claro objetivo de valorizar más estas tierras para aquellos que ya han desarrollado emprendimientos de alta gama y apuntar en ese mismo sentido.
--¿Qué pretende su proyecto?
--En diciembre presentamos una iniciativa que apunta a urbanizar con un sentido social, conteniendo a esas sesenta familias con un sentido productivo a la fábrica recuperada Trechel Linares y en defensa de esa fuente de trabajo, que ya por ordenanza se va a preservar presentada por la concejal Marina Magnani. Y también con un sentido público y no privado. Pero hubo un episodio en los últimos tiempos que también pretende ser explotada políticamente con el fin de privatizar esa zona: fue la operación de un empresario que intentó manipular a los habitantes de ese asentamiento, haciéndoles firmar papeles cuando muchos de esos vecinos no tuvieron la posibilidad de entender lo que firmaba. Asi les prometían que se iban a poder quedarse con esas tierras e iniciar un juicio de usucapión, que en realidad no corresponde porque son tierras fiscales. Con ese argumento algunos sectores del radicalismo y el PRO volvieron a la carga con la idea de vender todo a privados cuando en realidad esos habitantes son víctimas de esa operación. Esos sectores políticos pretenden ahora que el estado nacional venda esos terrenos a operadores privados y que con ese dinero se construyan viviendas sociales en otro lugar, y que se deje ese espacio como pasto para los grandes emprendedores privados. No queremos la "gentrificación" que es un proceso de transformación urbana en el que la población original de un barrio deteriorado es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo.
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