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La Justicia Federal habilitó la feria en la causa que investiga la muerte de Gerardo "Pichón" Escobar, para realizar indagatorias. En ese contexto, el fiscal Federico Reynares Solari presentó el requerimiento de declaraciones a los cinco detenidos en la causa que ya tuvo varias idas y vueltas, entre los fueros local y federal. Tanto el funcionario que instruye la causa --a disposición del juez Marcelo Bailaque-- como los abogados querellantes por la familia Escobar, reclaman que los tres patovicas y dos policías sean procesados por el delito de desaparición forzada. Es que tras la indagatoria e imputación por ese delito, Bailaque deberá resolver el pedido de prisión preventiva. "Esperamos no encontrarnos con ninguna sorpresa y que todos sigan presos, porque todos están involucrados en la desaparición y muerte de Pichón", dijo a este diario Salvador Vera, uno de los abogados querellantes por la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud. También reclamaron la diligencia de varias medidas que serán determinantes para avanzar en las responsabilidades de personal de la comisaría 3º, donde se sospecha que estuvo Escobar antes de aparecer flotando en el río Paraná.

Cuando falta poco más de un mes para el primer aniversario de la muerte del joven empleado de la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad, la Justicia Federal dio los primeros pasos en la causa, luego de que la semana pasada los jueces de Cámara José Toledo, Edgardo Bello y Elida Vidal ordenaran el pase a ese fuero, por considerar que debe investigarse como desaparición forzada. Ello, quiere decir que hay fuertes sospechas de participación del Estado en el hecho, desde su pata policial.

La teoría del caso para la fiscalía y los querellantes es que tras ir a bailar al boliche La Tienda, de Tucumán al 1100, Escobar fue golpeado por el patovica Cristian Vivas, en la esquina de Sarmiento y Tucumán, la madrugada del 14 de agosto pasado. Las sospechas apuntan a que éste y el resto del personal de seguridad del local, tenía contacto con la comisaría 3ª, donde sostienen que Pichón fue llevado en un auto, ingresado sin ser anotado en el libro de guardia y golpeado allí dentro. Una semana después, su cuerpo fue encontrado en el río a la altura del parque España. La autopsia arrojó que ingresó sin vida al agua. La causa de la muerte se determinó como asfixia seca.

Al poco tiempo, la Fiscalía de Homicidios detuvo a Vivas, acusado por haber "dado muerte con golpes" a Escobar; y a los policías Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiceli y los patovicas César Darío Ampuero y José Luis Carlino, por encubrimiento.

Ahora, con el hecho reconocido como una desaparición forzada, Reynares Solari y los abogados Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet solicitan que sean formalmente acusados por ese delito y que sigan en prisión preventiva mientras avanza la investigación. "Hay un requerimiento para indagatorias bajo la figura de desaparición forzada. Ahora tendrá que ordenarlas el juez y creemos que se estarían realizando la semana que viene. Entendemos que en el mismo momento se resolverá la continuidad de la detención y esperamos que en un plazo de alrededor de diez días el juez resuelva la situación de los cinco imputados, procesándolos; porque ellos tuvieron participación y conocimiento de todo lo que sucedió tras la golpiza de Vivas a Escobar. Todos deben ser procesados", exigió Vera.

Al mismo tiempo, el letrado planteó que hay medidas pendientes que son "urgentes": "Entendemos que hay resultados sobre la pericia al celular de Gerardo, realizada en el FBI, pero no tenemos conocimiento de los mismos; deben peritarse dos cámaras de seguridad de la zona del boliche, porque entendemos que las imágenes fueron cortadas y editadas y eso podría determinar qué vehículo levantó a Escobar; también debe realizarse la ampliación de autopsia de partes de cráneo y los genitales", resumió. Con ello, la causa avanzará hacia las responsabilidades policiales del personal de la comisaría 3º.

En este año, la causa tuvo varias idas y vueltas desde que la querella reclamó que se investigue como desaparición forzada: el año pasado, el juez provincial Luis María Caterina consideró que debía pasar al fuero federal. Sin embargo, la defensa de los imputados apeló esa decisión, que en marzo pasado fue confirmada por la camarista Georgina Depetris. Sin embargo, apenas llegó el expediente a la Justicia Federal, Bailaque la rechazó. Esa resolución fue recurrida por los querellantes y la semana pasada la Cámara Federal les dio la razón.

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