Amenazas con la información precisa

Desde el 4 de julio pasado, la hermana de Gerardo "Pichón" Escobar --el joven hallado sin vida en el río Paraná, hace casi un año-- recibe llamados diarios de un número privado, pero al atender nadie responde. Se trata de comunicaciones que entran al teléfono móvil de la pareja de Luciana, minutos después de que ella llega a su casa. "Nos están vigilando", dijo la joven, que denunció amenazas. En ese sentido, ayer los abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud hicieron una presentación en la fiscalía federal de Federico Reynares Solari, que instruye la causa, para que se investigue de dónde provienen las llamadas. "Coincide con que por esos días la Cámara Federal confirmó que la muerte de mi hermano tiene que investigarse en ese fuero como desaparición forzada", relacionó. En conferencia de prensa, el defensor público Gabriel Ganón sostuvo que "la capacidad operativa para esas amenazas la tienen solo la policía provincial o los barras de Newell's Old Boys", ya que relacionó a uno de los imputados en la causa con hinchas del club del parque. Los querellantes esperan la indagatoria de los cinco detenidos, cuando faltan días para el primer aniversario del hecho. Reclamaron que el gobernador Miguel Lifschitz "tome cartas en el asunto".

"Las llamadas son recibidas por mi compañero, en el horario que yo estoy en mi casa, cuando llego del trabajo. Vuelvo en distintos horarios y siempre llaman minutos después. No dicen nada, se quedan callados; pero no hubo un día que no llamaran, desde hace dos semanas. Hoy queremos hacerlo público porque los que lo están haciendo saben que yo me manejo sola, que salgo de mi casa a las 6.30. Son llamados de advertencia de que me están vigilando", relató Luciana, quien fue consultada sobre la posibilidad de tener seguridad en la puerta de su casa. "¿Quién me va a dar seguridad? Si en la causa están investigando a la policía y a patovicas. La realidad es que esto no tendría que estar pasando y mis hijos están en el medio", se quejó.

Ganón agregó que ya en noviembre "la familia de uno de los abogados querellantes estuvo recibiendo este tipo de llamadas. Por aquellos días pedimos intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque en la provincia no encontramos ningún interlocutor válido para solucionar esta situación de hostigamientos y represalia. Sin embargo, no hubo respuestas de las autoridades políticas de Santa Fe. Nadie llamó para tomar medidas, ni antes ni con el gobierno actual. Y es más difícil si tenemos en cuenta que en este momento el ministro de Justicia y todo su gabinete están de vacaciones". Por esos días, recordó Ganón, "empezaron a aparecer personajes de la barrabrava de Ñuls, íntimamente vinculados con la policía provincial. Apareció el apodado `loco demente' (Pedro Bismark) en una audiencia y hace poco Matías Pera -condenado por intentar bajar del paraavalancha al ex líder de la barrabrava, Diego "Panadero" Ochoa- se comunicó con la familia para decir que (José Luis) Carlino -patovica imputado en la causa- no tiene nada que ver. Ahí comenzaron los actos de hostigamiento; y no pueden ser realizados por personas que no pertenezcan a la policía provincial o la barra de Newell's, con capacidades operativas para este tipo de actos. Es un escándalo", dijo el defensor.

En ese contexto, ayer los abogados querellantes hicieron una denuncia en la fiscalía Nº 3. "Solicitamos que se abra una investigación por estas amenazas y por las anteriores que se dieron en momentos de novedades judiciales de la causa. Esto obedece a la inminencia de las indagatorias de los cinco detenidos, bajo la figura de desaparición forzada. La situación es más gravosa que la que tenían en la justicia provincial", dijo Salvador Vera. "Es urgente que las autoridades se aboquen para brindar seguridad y resguardo a la familia y quienes acompañan esta causa en la búsqueda por Justicia. El gobernador tiene que tomar cartas en el asunto", reclamó.

La teoría es que tras ir a bailar al boliche La Tienda, Escobar fue golpeado por el patovica Cristian Vivas, en la esquina de Sarmiento y Tucumán, en la madrugada del 14 de agosto. Las sospechas apuntan a que éste y el resto del personal de seguridad del local, tenía contacto con la comisaría 3ª, donde sostienen que Pichón fue trasladado y golpeado. Una semana después, su cuerpo fue encontrado en el río a la altura del parque España. La autopsia arrojó que ingresó sin vida al agua. La causa de la muerte se determinó como asfixia seca.

Al poco tiempo, la Fiscalía de Homicidios detuvo a Vivas, a los policías Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiceli; y los patovicas César Darío Ampuero y Carlino, por encubrimiento.

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