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Investigadores de la UNR, la UNL, y del Conicet, reiteraron su preocupación por la imposibilidad de realizar consultas en el Archivo Provincial de la Memoria (APM), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, una situación que data desde finales del 2013. En setiembre de ese año, en una comunicación interna, suscripta por el entonces secretario, Horacio Coutaz, y la coordinadora General del APM, Verónica Aimar, dictaron "un nuevo acto administrativo que contemple distintas situaciones", aduciendo la ley de protección de datos personales, legislación que había sido contemplada en la elaboración del reglamento. Los investigadores indicaron que esa resolución, si bien no prohíbe la consulta, en la práctica impide el acceso a los investigadores al fondo documental. "Hay una decisión política de cerrar virtualmente el archivo, porque formalmente no está cerrada la puerta. Pero el acceso está tan restringido y con tantas trabas que hace que no podamos investigar", dijo a Rosario/12 la historiadora Gabriela Aguila. "No hay modo de avanzar en la investigación sobre temas y problemas de la historia reciente de la provincia si no permiten el acceso a un archivo que está pero no nos lo dejan ver", agregó.
Desde fines del 2013, los investigadores vienen denunciando la imposibilidad de realizar consultas en el APM sin obtener ningún tipo de respuesta, por lo que decidieron volver a manifestar su preocupación. "Ha habido formalmente un cambio de gestión, del mismo signo político, pero se ha mantenido la misma política respecto del APM. No advertimos, en términos de la decisión política respecto de uso y acceso del fondo documental del APM, un cambio", expresó Aguila.
El argumento que va a contrapelo de la tendencia a nivel mundial -continuó la investigadora- es que ese Fondo Documental no puede ser consultado libremente por los investigadores tal y cual venía sucediendo desde que el archivo se abrió en el 2011: "Hubo una etapa en la que los investigadores podíamos consultarlo sin restricciones, con un reglamento que está aprobado y vigente; siguiendo todos los protocolos, compromisos de responsabilidad del investigador, el cuidado en la transmisión y divulgación de ese tipo de información. Pero como contienen datos sensibles, personales, no podemos acceder en forma directa al documento si no a través de un proceso de mediación".
Cuando el investigador solicita búsquedas de información sobre determinados temas, la persona que está en el archivo localiza ese material y se realiza un proceso de tachas de todos los datos personales que luego son entregados mediante una fotocopia. "Para nosotros no sólo es importante el documento, el papel, si no dónde está ese documento, el contexto, cómo se construye ese legajo, sobretodo cuando hablamos de documentos de inteligencia. El no permitir que los investigadores accedamos al Fondo Documental, si no indirectamente, hace que el trabajo de investigación sea absolutamente imposible", señaló Aguila.
Los investigadores destacaron que hace años se enfrentan con los problemas relacionados con la tensión entre preservación de la intimidad de las personas y acceso a la información. En esa línea, consideraron necesario distinguir los conceptos de "publicidad" (entendido como difusión) de los de preservación, acceso y reprografía. El acceso a la información suele aparecer como sinónimo de "publicidad", cuando no tiene por qué serlo si se implementan protocolos de responsabilidad.
"A su vez, se habla de documentación clasificada, pero no tendría por qué serlo, ya que si se encuentra en un Archivo Histórico es porque es información que ya no tiene vigencia administrativa (ya no sirve para los motivos para los que fue creado, entonces su clasificación caducó) razón por la cual debería ser desclasificado", agregaron.
"Con el argumento de que no se pueden ver los datos personales, no se puede ver nada. Todos los archivos tienen datos personales, las actas del Cabildo los tienen, los prontuarios policiales del siglo XIX. Los servicios de inteligencia querían saber qué hacía la gente, cosechaban información personal. Es un argumento muy complicado para sostener como política pública; con el argumento de la transparencia, la apertura de la información, la democratización del acceso al conocimiento, quedan en saco roto cuando pasan este tipo de cosas", planteó Aguila.
En los contados casos de investigadores que lograron que les entreguen documentación, con enmiendas y tachas, tardaron meses en recibirlos. Según la investigadora, en el archivo "no hay personal, no responden a las solicitudes, no se sigue con el trabajo de organización y sistematización, tenemos dudas respecto en el modo en que realizan las búsquedas dentro de ese Fondo Documental, que es infrecuente porque no existen archivos de este tipo en todos lados".
Las dificultades para acceder a la documentación del APM complican la tarea de los investigadores santafesinos, cuyos proyectos cuentan con el aval de la secretaría de Ciencia y Tecnología provincial que financió proyectos que iban a trabajar sobre el fondo documental del APM, pero no los dejaron entrar. "Esto es despilfarro de los dineros públicos, es grave", indicó Aguila. La restricción también la sufren los becarios y los que están haciendo sus tesis doctorales.
Los investigadores decidieron actualizar el reclamo ya que hace unos meses la Legislatura provincial aprobó por ley la creación del APM. "Esa ley tiene que ser reglamentada, pero no está claro cuál va a ser la política de uso y acceso del archivo", consideró Aguila. "Nosotros demandamos que se cumpla el reglamento que está vigente desde el 2011, se elimine esa traba administrativa que impide el acceso, y que nos permita trabajar ese fondo documental sin restricciones", concluyó.
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