"Informaci贸n de calidad" fue lo que encontr贸 la jueza M贸nica Lamperti en la acusaci贸n que el fiscal Sebasti谩n Narvaja hizo a once imputados por fraudes inmobiliarios y lavado de activos. Para la magistrada, que fundament贸 ayer las prisiones preventivas y libertades otorgadas la noche del martes pasado, la Fiscal铆a logr贸 una "hilaci贸n de circunstancias, con informaci贸n de relevancia", ante la "presunta intervenci贸n de los imputados en maniobras tendientes a despojar de sus bienes a sus propietarios o poseedores", mediante falsos poderes, documentos ap贸crifos y aprovechando situaciones de titulares fallecidos o ausentes para transmitir los inmuebles a su favor. La pena en expectativa, el peligro de fuga y el posible entorpecimiento fueron las razones de la jueza, quien consider贸 que el gerente de La Capital, Pablo Abdala y el escribano Luis Mar铆a Kurtzeman tuvieron un rol "m谩s acotado" en los hechos. Para el abogado Carlos Varela es una decisi贸n "discriminatoria", porque "todos estaban en la misma situaci贸n".
Tras una audiencia de m谩s de 15 horas, ya sobre la medianoche del mi茅rcoles, Lamperti orden贸 nueve prisiones preventivas y dos libertades bajo fianza. Al primer grupo les dio diferentes plazos de detenci贸n: Jonatan Z谩rate y el agente burs谩til Jorge Oneto estar谩n 30 d铆as en preventiva; Roberto Aymo, el gremialista Maximiliano Gonz谩lez de Gaetano, el empresario automotriz Leandro P茅rez, el empresario de la cl铆nica de implantes dentales, Marcelo Jaef; y los escribanos Eduardo Torres y Juan Bautista Aliau estar谩n en prisi贸n preventiva hasta el 12 de diciembre, es decir, casi dos meses; mientras que Ramona Rodr铆guez (esposa de Aymo) fue beneficiada con la prisi贸n domiciliaria porque tiene un hijo peque帽o. En tanto, el escribano Kurtzemann (h) y Abdala, fueron puestos en libertad bajo cauci贸n de 800 mil pesos, pero siguen ligados al proceso. Todos est谩n acusados de integrar una asociaci贸n il铆cita desde la que se realizaron estafa, fraude y lavado de activos.
En el caso de los que quedaron en prisi贸n preventiva, la magistrada consider贸 que existe peligro de fuga y de que entorpezcan la investigaci贸n debido a la posible pena que podr铆a corresponderles por la saga de estafas inmobiliarias. Tambi茅n apunt贸 a un posible "despliegue de influencias" dada la situaci贸n personal de cada uno.
Respecto de Kurtzemann y Abdala, los dos imputados que fueron dejados en libertad, la jueza consider贸 que ambos tuvieron un rol "m谩s acotado" en los hechos y, en el caso del gerente del matutino, tuvo en cuenta que al momento de los allanamientos y detenciones se encontraba de viaje en el exterior y al enterarse de ser requerido por la fiscal铆a realiz贸 un "real esfuerzo" por cumplir con tal requerimiento.
Para tomar esa decisi贸n, Lamperti analiz贸 cada uno de los hechos achacados y los desarroll贸 en sus fundamentos. En el caso del campo de Villa Amelia que correspond铆a a la familia del ex camarista fallecido Ernesto Navarro, y que involucra a la gran mayor铆a de los imputados (Torres, Aymo, P茅rez, Jaef, De Gaetano, Abdala, Oneto, Kurtzemann y Aliau), la jueza se帽al贸 que de las intervenciones telef贸nicas "surgir铆an no solo las relaciones mantenidas entre estos (muchos las negaron) sino el inter茅s que los vinculaba, que no habr铆a sido otro que lo relacionado, en este caso, con las operaciones sobre el predio en cuesti贸n". Tambi茅n se帽al贸 que la situaci贸n personal de cada uno (de los acusados), sobre todo de aquellos con posibilidad de forjar relaciones econ贸micas con eventual despliegue de influencias, se erigen en circunstancias que viabilizan presumir de modo concreto tanto la peligrosidad procesal como el entorpecimiento probatorio"; mientras que el riesgo de fuga se da en los casos de Aymo, Torres, P茅rez, Z谩rate, Gonz谩lez de Gaetano, Aliau, Jaef y Oneto, "atento la magnitud de la eventual pena".
Tras los fundamentos, los abogados defensores adelantaron que apelar谩n la decisi贸n de la jueza, sobre todo en los casos cuyos imputadas quedaron en prisi贸n preventiva. Ante ello, se espera una nueva audiencia oral en la C谩mara Penal. Incluso, Varela adelant贸 que eval煤a pedir un jury contra la magistrada, "por dictar un fallo contrario a la ley, por citar una resoluci贸n que no guarda relaci贸n (ejemplifica con un caso de homicidio, con pena de prisi贸n perpetua), por no aclarar ni fundar la discriminaci贸n que hizo entre los imputados, cuando todos estaban en la misma situaci贸n".
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