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El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, participó ayer en Rosario del II Seminario Internacional "La violencia en la familia, escuela y sociedad", donde hizo referencia al trabajo que están llevando a cabo desde la Defensoría en situaciones puntuales que afectan a los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, tales como la demora en la entrega de los DNI, el tratamiento del proyecto de ley que enviarán al Congreso para decretar la emergencia vial por el término de dos años, y el injusto reparto de los subsidios nacionales para el sistema de transporte público. En este sentido, Mondino precisó que "después de elaborar un informe sobre el tema, además de advertirles a las autoridades nacionales que solucionen este desfasaje, lo que les estamos transmitiendo a los poderes ejecutivos de cada una de las provincias es que reaccionen, porque no sólo van a tener los boletos más caros, sino que se les van a ir las empresas locales".
En relación a los subsidios nacionales al transporte, Mondino destacó que desde la Defensoría "hicimos una presentación de cómo se distribuyen. Hasta hace un tiempo atrás era un 77 % para Capital y el Gran Buenos Aires y un 23% para el interior del país. A eso se le agregaron, en los últimos meses, algunas cuestiones presupuestarias por compensaciones que hizo que la totalidad se convirtiera en el 12% para el interior y el 87 para la Capital".
Para el Ombudsman nacional, "decir que el subsidio se otorga porque en Capital no se aumentó el boleto y en el interior no, es una falacia. Porque si se le otorgara la misma cantidad de subsidios a las ciudades que aumentaron el boleto, a lo mejor el boleto bajaría porque sería una compensación".
Mondino agregó que "en este sentido, además, hay una tendencia a que existan un grupo de empresas, que a raíz de estos déficit en las provincias se están quedando con las empresas de transporte público de pasajeros; y que son las grandes empresas de Buenos Aires, como el grupo Plaza, que han crecido en media y larga distancia y que toman servicios en otras provincias. No hay ninguna razón para oponerse a que una empresa privada compre a otra; el problema es que lo hacen con subsidios del Estado".
Con motivo del atraso en la entrega de los DNI, que en un momento llegó a ser en la provincia de Santa Fe de 60 mil ejemplares, y hoy se redujo a 28 mil, Mondino explicó que "la dificultad que tiene la Dirección Nacional de las Personas tiene que ver con una modernización, que el ministerio del Interior dice que tiene en marcha, pero hasta hoy, la realidad indica que los ciudadanos del interior del país tienen que estar 4, 5 ó 6 meses para recibir su documento, y en la Capital Federal el trámite se resuelve en un día. Rápidamente hay que buscar alguna metodología que permita achicar esta distancia en plazos razonables".
En este sentido, el Defensor del Pueblo sostuvo que desde la Defensoría "lo que hicimos fue hacerle una recomendación a las autoridades nacionales para que de manera perentoria solucionen el problema de los 28 mil DNI que tienen que entregar. Inclusive, leímos declaraciones de la titular de la oficina en Santa Fe, quien manifestó que los que no tenían pasaporte y querían tomarse las vacaciones que se olvidaran de viajar, ya que sin DNI no pueden tramitar el pasaporte".
Otro de los temas tratados fue el de la seguridad vial. Según el Licenciado Mondino, desde la Defensoría "lanzamos una iniciativa popular, junto a las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la seguridad vial y a las asociaciones de familiares de víctimas de accidente de tránsito, en la cual planteamos un proyecto de ley que pide declarar la emergencia vial por dos años, crear una autoridad nacional de seguridad vial que concentre todas las políticas para comenzar a buscar un plan de seguridad vial igual para todo el país".
El Defensor indicó que el proyecto de ley, que presentarán oficialmente en Rosario el próximo 12 de diciembre, para empezar a juntar las 400 mil firmas necesarias para que lo traten los legisladores "tiene un componente relacionado con la licencia de conducir. Creemos que debe haber una certificación nacional para todos los que otorguen licencias. La autoridad nacional de seguridad deberá certificar que quienes entregan los carnets tienen que adaptarse a los requisitos generales, con lo cual se hacen responsables por eso".
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