"Es que para los pobres no hay justicia"

El cartonero Rubén Pereyra, el albañil Juan Delgado que también cirujeaba para sobrevivir con su familia, la joven madre de 18 años Yanina García, dos adolescentes de 16, Ricardo Villalba y Walter Campos, y Graciela Acosta, una mujer desocupada, sola y con 7 hijos que se había incorporado a la militancia territorial, son las seis víctimas fatales que -como Claudio 'Pocho' Lepratti- cayeron bajo las balas de la represión durante los saqueos del 2001. Además de la figura de Lepratti, que por su trabajo y militancia de base adquirió dimensión nacional y se transformó en símbolo de trabajo y perseverancia para distintos sectores sociales, los familiares de los otros asesinados tienen varios rasgos comunes: son pobres, muy pobres y están convencidos de que para ellos, como parte de los excluidos del país, no hay justicia. A cinco años de los asesinatos en distintos barrios rosarinos y en Villa Gobernador Gálvez siguen reclamando porque no hay responsables de las muertes. A excepción de la causa Lepratti, en la que está detenido un policía, no hay responsables materiales en ninguna de las otras causas (ver aparte). Tampoco se establecieron las responsabilidades políticas del gobierno de Carlos Alberto Reutemann y de quienes en la línea de funcionarios dieron órdenes para la represión.

Rubén Pereyra tenía 20 años, juntaba cartones y botellas de vidrio que acumulaba en un carro y vendía los sábados. Tenía con María Martínez una hija de algo más de un año y medio, Aldana, y en barrio Las Flores -donde en esos días todo era un hormiguero- se había sumado a quienes en la noche del 19 fueron a la autopista Rosario-Buenos Aires. Se decía que pasarían camiones con mercaderías. María recuerda que durante el día "había ido a saquear, trajo pañales y algo de comida". Eran más de las 10 de la noche y para ese momento ya había varios muertos en la ciudad, todos con balas de plomo disparadas desde armas oficiales de la policía. Cinco años después, Mari -ahora tiene 23- sigue pidiendo justicia: "Al principio no podía ir a las marchas pero después tuve que atreverme, ¿qué le voy a decir a la nena que pregunta mucho por su padre? Lo menos es pedir justicia, pero en la causa de Rubén el juez (Osvaldo) Barbero puso muchas trabas".

Así se refiere a que Pereyra recibió el disparo mortal en la autopista cuando desde un camión bajaron "policías armados hasta los dientes". Pero desde la subcomisaría 19ª "hicieron como que no murió en el lugar de los saqueos, en la autopista, sino que las pericias fueron a tres cuadras de allí, en Flor de Nácar y Hortensia". María Martínez continúa viviendo en Las Flores, pero se mudó a dos o tres casas de donde estaba con su marido. Ella llegó hasta Rosario/12 con Aldana. Las dos traían un prendedor con el rostro de Pereyra y una queja: "en la causa del Pocho (Lepratti) se hizo más porque él era un militante social, pero todos, todos son víctimas. En esta ciudad y en la provincia la Justicia no funciona, por lo menos para nosotros". Ahora junto con el resto de los familiares piden una reparación "que ayude a criar los hijos" y la construcción de un módulo funerario donde tengan lugar "los rosarinos asesinados por las balas policiales en el 2001" (ver aparte).

En Ituzaingó al 200 bis está la casa de Catalina, la hermana de Juan Delgado, el albañil que cayó alrededor de las 6 de la tarde en Pasco y Necochea. El taxista no quiere entrar hasta allí y deja a la cronista en la intersección con Berrutti. El rostro moreno y tostado de Catalina no pierde la expresión de tristeza que se le vio en los cinco años que lleva reclamando justicia por el asesinato de Juan. En el patiecito delantero de la casa hace casi tanto calor como aquel fatídico 19 de diciembre de 2001 donde todo era terrible: el rostro de los que se revelaban contra la miseria, el miedo hacia tanta policía que arrinconaba y el del espanto ante las muertes.

"A Juan y a los que estaban en esa esquina les tendieron una emboscada. Habían dicho que iban a repartir mercadería y como en general se las daban a las mujeres, Juan no estaba muy cerca. Cuando llegó un camión hasta el supermercado de Necochea bajó el dueño con un montón de policías. Un rato antes, un milico de la 4ª le había dicho a Juan que se fuera porque iba a ver lío. Cuando los empezaron a correr, le dispararon y él cayó herido, así que no tenían porqué seguir. Pero siguieron. Lo mataron peor que a un perro, con una Itaka, le sacaron seis perdigones del cuerpo y balazos de goma". Dejó tres hijos, dos nenas que ahora tienen 9 y 7 y un varón de 6. "¿Cómo es la vida a 5 años? Muy triste porque no hubo justicia, en la causa de mi hermano había mucho por hacer, pero el juez Barbero no hizo nada, se lavó las manos y dejó todo en los cajones. A quienes fueron a declarar se les pusieron muchos escollos. Y tuvimos amenazas, mis hijos, yo,los vecinos". Catalina tiene 35 años y está convencida de que tiene que seguir: "Yo sigo porque somos varios hermanos, algunos están en Corrientes y como otros son evangelistas esperan la justicia de dios. Yo también creo en la Justicia del hombre y por qué no la voy a pedir si alguien lo mató. Si tuviéramos dinero o poder ya se hubiese hecho esa justicia pero como no lo tenemos y somos pobres no hay nada".

Al final del 4800 de calle Cochabamba, cuando en Bella Vista Zona Oeste la calle se corta con las vías del Belgrano, vive Lili Mansilla, la madre de Yanina García. Ella prepara la copa de leche para alrededor de 100 chicos que cerca de las 5 de la tarde corren por ese pasaje sobre las vías. Mucho más que humilde, el lugar con techo de chapa donde recibe a este diario tiene una mesa amplia donde un rato más tarde se servirá la merienda. La foto de Yanina está allí pero al momento la familia corre a traer otra: es un montaje con la misma imagen quinceañera a la que sumaron la de Brenda, la hija que hoy tiene 7 años. Yanina tenía 18 en el 2001 y había salido hasta la puerta de su casa, en Pascual Rosas y Pasco, a las 6 de la tarde, para buscar a su chiquita de 2 que jugaba en casa de una amiga. Allí hubo corridas, gente que se movía en torno de un supermercado ubicado a pocos metros y a Yanina la alcanzó la que dicen que fue una bala perdida, claro que de plomo, y que terminó con su vida.

Lili tiene 40 años: "Todavía está todo así nomás. La mataron con un tiro de escopeta. No sé nada de la causa. Todo es muy triste, era mi única hija mujer. Brenda está bien pero pregunta por la madre y siempre le tuvo miedo a la policía, como le pasa a mi hijo más chico. Antes de lo de Yanina yo les explicaba que la policía está para cuidarnos, pero ahora qué les puedo decir". Como un rato antes lo hizo Catalina Delgado, Lili Mansilla insiste: "es como dice mi marido, es que para los pobres no hay justicia".

Graciela Acosta tenía 7 hijos cuando el 19 de diciembre fue con su vecina y compañera de militancia en el Movimiento Territorial de Liberación, Mónica Cabrera, hasta la zona del supermercado La Gallega, en Villa Gobernador Gálvez. Acosta quería ver donde estaba uno de sus hijos cuando quedó en el medio de las balas policiales y murió a las 10 de la noche del mismo día. Vivía sola con los chicos en un pequeño departamento FONAVI. Con su muerte sobrevino también el desmembramiento familiar y la abogada que intentó representarlos para constituirlos en actores civiles nunca pudo obtener la autorización correspondiente, ya que hubo más de un tutor y nunca se pusieron de acuerdo. La idea era plantear ante el Estado una reparación puesto que fue la represión policial la que terminó con la vida de la madre y dejó desprotegidos a los chicos, todos menores de edad. Nunca pudo hacerse nada.

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