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Cinco miembros de la familia Ossola quedaron detenidos en la tarde de ayer luego de dos allanamientos realizados en diferentes puntos de la ciudad. Con órdenes firmadas por la jueza de Instrucción Nº 2, Alejandra Rodenas, que entiende en la causa por fraude de la operadora de Bolsa que cerró y dejó casi 300 damnificados, las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía detuvieron a cinco personas, todas miembros de la familia Ossola.
En uno de los operativos, realizado en un departamento ubicado en 9 de Julio al 1500, en la zona céntrica, también se secuestró documentación vinculada a la investigación que involucra a la operadora de Bolsa, una causa que es considerada el mayor fraude económico presunto de los últimos años en Rosario.
El otro allanamiento fue realizado en la zona norte, en Superí al 900. En los dos procedimientos quedaron detenidos Carlos Ossola, su hermana Ileana y sus tres hijos, Luciano, Guillermo y Florencia, quienes permanecen detenidos e incomunicados en el cuartel de las TOE a disposición de la magistrada Rodenas, quien tiene previsto tomarles declaración indagatoria hoy a las 9 de la mañana.
Ya el jueves 5 de julio los allanamientos habian sido cuatro y estuvieron a cargo de 15 efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Los dos más importantes se habian hecho en hora de la mañana en la clausurada oficina comercial y en el tercer piso del edificio Cuvio, de Rioja 1037, donde funcionaba una inmobiliaria de los hermanos Ossola, lindera con la agencia bursátil. Los dos restantes fueron en las viviendas particulares de los dos socios gerentes de la compañía: la de Carlos Ossola, en La Paz al 1900, y la de su hermana Ileana, en Corrientes al 1500.
Las medidas habian insumido seis horas. Los policías de la TOE retiraron entonces de la agencia un total de 13 computadoras y el servidor informático. También se acopió entonces la documentación en papeles y libros de asientos contables.
Un total de 295 personas figuran entre los damnificados por el cierre de la operadora Ossola SA. De ese grupo 210 corresponden a la deuda de la sociedad anónima y los otros 85 son reconocidos como acreedores particulares de los hermanos Ossola, cuya firma reconoce tener acreedores por 65 millones de pesos.
El hecho es considerado uno de los mayores fraudes económicos presuntos de los últimos años en Rosario. La jueza Rodenas ya recibió en marzo pasado una comunicación de los Ossola por intermedio de su abogado, Walter Stramazzo, donde ambos se ponen a disposición judicial.
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