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El juez Carlos Cadierno resolvió ayer otorgar cinco días al intendente de Rosario y al gobernador de Santa Fe para que hagan cesar el acampe que desde hace 15 días viene protagonizando vecinos de barrios carenciados junto al Corriente Clasista y Combativa y los Pueblos Originarios en plaza San Martín. Cadierno -quien actuó a partir de la denuncia de Maria Lucrecia Ure, una vecina del lugar que echó mano de la ley 10.000 de intereses difusos- argumentó "estar asistiendo cotidianamente a excesos que exceden todo marco de tolerancia dentro de un estado democrático", como "la obstrucción maliciosa del tránsito, los ruidos molestos, la omisión de custodia de animales, la perturbación del orden público, el despliegue de fuego en lugares que pueden causar daños o la infracción a la incolumnidad de bienes públicos", y ante la omisión de la autoridad provincial y municipal en garantizar el goce de varios de estos derechos. El ministro de Gobierno Roberto Rosúa aseguró que "se dispondrán las medidas en común con la Municipalidad de Rosario para dar cumplimiento a esta resolución judicial".
En su resolución, Cadierno apunta que "no se explica la inactividad del poder público en aras de otorgar un marco en el cual los sectores insatisfechos frente a sus peticiones puedan canalizar las mismas en un ámbito en el cual no se obstaculicen el derecho al tránsito, al ambiente, a la reunión, en suma, a cualquier otro derecho que una persona puede esperar se garantice en el Estado civilizado".
Y agrega que "esos derechos contemplados en el artículo 1° de la Ley 10.000 parecen, prima facie y en el análisis preliminar de admisibilidad del que hablamos, se encuentran conculcados por la ocupación que se hace del espacio público, y la omisión de la autoridad provincial y municipal en garantizar su goce".
Al mismo tiempo, no puede ignorarse que la ley orgánica municipal impone al intendente "velar por la higiene del municipio... especialmente la limpieza, la desinfección del aire, de las aguas, de las habitaciones y pasajes malsanos ... y todas las que concurran a asegurar la salud y bienestar de la población..."(Art. 41, inc. 24, Ley 2756) y dentro de su órbita, cuenta con una dependencia (Guardia Urbana Municipal), que, si bien carece de fuerza pública, no menos cierto es su misión la de "consolidar la presencia del estado municipal en la vía pública promoviendo mejores condiciones de seguridad y convivencia urbana por medio de la prevención, la educación y el control; aunar esfuerzos en pos de la construcción de una sociedad más justa, equitativa y segura. Una sociedad donde todos estén incluidos, donde todos se sientan seguros y donde todos puedan disfrutar de los espacios públicos y de las actividades culturales, creativas y/o de entretenimiento; respecto a la libertad y el disfrute de los espacios públicos".
Por su parte Germán Spini, abogada de la demandante explicó que "el juez ordena que se arbitren los medios para desalojar la plaza, como debería haber sucedido tras la primer noche que pernoctaron, pero entonces no ocurrió. La policía ya podría haber accionado, pero ante la falta de acción (mi clienta) se vio obligada a concurrir a un juez para que levanten el campamento", justificó el abogado de la mujer que "vive en calle Córdoba, entre Dorrego e Italia, y es una psicóloga que, ante la inacción del Estado que no cumple el derecho de libre tránsito de los ciudadanos, denunció este abuso en un lugar público".
Finalmente Marcelo Lesgart, abogado de la CCC, en declaraciones al programa Trascendental de LT8, confió que podrían presentarse en el expediente "para dejar en claro nuestra posición: por sobre la ley 10.000 y el Código de Faltas, están las constituciones nacional y provincial y los tratados y pactos firmados desde el año '94, que son de jerarquía superiores a las leyes". Y de paso denunció "un intento de judicializar el tema y esto es materia netamente política".
"A veces da vergüenza ser santafesino -señaló el asesor legal de los manifestantes-, tenemos un gobernador que lamentablemente ha dirigido su gobierno para administrar la provincia en beneficio de los grandes monopolios exportadores de soja y aceite y promovido obras multimillonarias como el Plan Circunvalar con el único objetivo de sacar cereales y aceites por los puertos santafesinos para que estas empresas hagan su agosto y no hay unos míseros pesos para dar a los vecinos que protestan en la plaza san martín por el frío que reina en la ciudad de Rosario, realmente es sorprendente".
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