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Como hace 35 años, las razzias todavía existen. De hecho en muchas provincias siguen vigentes códigos contravencionales que habilitan a detener a las personas por conductas impúdicas. Lo que sí se puede decir a partir de ahora es que estos caprichos policiales no quedan rebotando en el aire. O al menos eso es lo que se espera para el 2 de mayo, cuando la Cámara del Crimen ordene una fecha definitiva para el juicio que iba a empezar el lunes pasado contra el personal policial que el 18 de abril de 2006 irrumpió en una fiesta privada. Ese día, hombres de la comisaría 21ª llegaron al local Cero Consecuencia, de Palermo: bloquearon la salida, alinearon a todos los asistentes contra la pared, los palparon, les pidieron documentación y efectuaron una delicada lista con los nombres y apellidos de cada uno, entre otras ilegalidades. Según dijeron, lo hacían en nombre de una orden de allanamiento, pero luego se probó que ésta no existía. Por supuesto que sobre identificarse y mostrar algún papel que acredite el atropello no hubo más que burlas, insultos y hasta órdenes de que algunos presentes se desnudaran. Alguien logró comunicarse con la CHA para pedir ayuda; otra persona se escapó por un techo pero se cayó y se lastimó, varios se desmayaron, pero la ambulancia jamás fue llamada. Sin embargo, el pedido de ayuda surtió efecto y César Cigliutti y Pedro Paradiso Sottile, presidente y abogado de la CHA respectivamente, pudieron acercarse. También ellos fueron echados, insultados y acusados de interferir con el accionar de la policía. El comisario José Miguel Chamorro y el subcomisario Juan De Mónaco decidieron entonces fotografiar como pruebas de no sé sabe bien qué los preservativos que pudieron incautar a los presentes. La parodia terminó y lo peor de la homofobia policial una vez más dijo presente. A partir de entonces, se abrió un sumario en asuntos internos y la CHA se reunió con el ya entonces ministro del Interior Aníbal Fernández. Las amenazas no tardaron en llegar y la Justicia rechazó el pedido de la CHA de constituirse como querellante, pero la causa siguió su curso, reforzada por la actuación de oficio de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En primera instancia, el tribunal falló sobreseyendo a los imputados, la Cámara ratificó aquel fallo, y ahora la Cámara de Casación debía fijar una fecha para el juicio. Una presentación de la defensa logró que se aplazara la decisión, pero el 2 de mayo no hay excusas. “Este es un caso emblemático porque hace 27 años que estamos presentando denuncias por violencia policial y esta es la primera vez que llegamos a esta instancia”, explica Cigliutti, que confía en una condena, a pesar de las presiones que implica este retraso, amparado en una supuesta falta de legitimación de las acusaciones. “Es una estrategia para embarrar la cancha, pero esto ya no se puede detener. Esperamos que se los declare culpables, queremos que los aparten definitivamente de sus funciones y que sean condenados. De esta manera, sería la primera vez en la historia que se condena a un policía por represión en una razzia, algo realmente histórico”, agrega Paradiso.

Las razzias seguirán existiendo y muchas de ellas podrán quedar impunes, pero los cambios culturales de los últimos años, aunque lentos, habilitan que algunos de estos procedimientos tengan lugar en la Justicia y que la homofobia policial se visibilice, dejando responsables con nombre y apellido.

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