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Tras el análisis en distintos medios, el Consejo Directivo dictó una resolución que exhorta al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) para que en el ámbito de facultades realice "campañas para la difusión de cuestiones de interés público que pongan en conocimiento de la comunidad argentina la existencia de reglas antidiscriminatorias".
También le pide al ente gubernamental que proceda a "realizar actividades previstas en el Plan Nacional contra la Discriminación, y que se emita por radio y televisión el seguimiento de los contenidos de las emisiones referidas en los considerandos y se difundan las conclusiones".
Asimismo, el Comfer deberá realizar investigaciones a fin de dirimir si durante dichas coberturas se han dado a la difusión pública "expresiones de contenido antidemocrático o de cuestionamiento a la vigencia del estado de derecho".
Para concluir la resolución, el Consejo Directivo pidió que se invite a las distintas organizaciones de periodistas profesionales a que realicen un llamado de atención a sus afiliados y socios respecto de las "faltas éticas graves" que se han cometido durante la cobertura de las manifestaciones derivadas del conflicto.
La Facultad de Ciencias Sociales señaló que si bien los medios de comunicación son empresas configuradas como comerciales, "cabe reclamársele responsabilidad ética y función social distintivas".
"Han existido expresiones de periodistas no corregidas, ni enmendadas por colegas o sus superiores, que lejos de importar afirmaciones de hechos o apreciaciones opinables, llenan de vergüenza e indignación por sus contenidos clasistas y racistas, y por la supina ignorancia que revelen", afirmaron.
Asismismo, los observadores indicaron que "el público de los medios ha recibido muestras inadmisibles de trato discriminatorio de los actores sociales según su capacidad económica o su pertenencias de clases ante formas similares de reclamo de derechos".
La Facultad también mencionó la "notoria ausencia" de contrastes en las posiciones dadas a conocer en los medios sobre las medidas de las cuatro entidades que las convocaron y que todas estas cuestiones ponen de manifiesto "la necesidad de la sanción de una ley democrática de radiodifusión que garantice los derechos del público a acceder a la información plural".
Finalmente, el Consejo Directivo destacó que los propios periodistas, a través de sus organizaciones, deben hacer públicas sus reflexiones ante actitudes antidemocráticas o discriminatorias de sus colegas y los medios de comunicación.
"Pero además existen organismos del Estado que están facultados para aplicar sanciones o hacer públicas sus consideraciones respecto de quienes cometan acciones discriminatorias", concluyó el texto que lleva las firmas del decano, Federico Schuster, y del secretario de gestión institucional, Gustavo Bulls.
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