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Las medidas fueron tomadas por el juez federal Sergio Torres y recayeron en Acosta, Jorge Carlos Radice, Pablo García Velasco, Eduardo Alberto González, Juan Carlos Rolón y Ricardo Miguel Cavallo.
El magistrado les imputa responsabilidad en los secuestros de Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Horacio Mario Palma, Raúl Masera Pincolini, Diego Masera Pincolini y Mariana Masera Pincolini; torturas, extorsión y asociación ilícita.
En una resolución de 55 carillas, el magistrado explicó que las privaciones ilegales de la libertad de las víctimas fueron perpetradas por los represores "con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley" y agravadas "por haber sido cometidas con violencia o amenazas".
Los represores fueron indagados el 5 de enero último ocasión en la que "negaron en forma breve y genérica las imputaciones", se manifestaron "completamente ajenos" a los hechos investigados (García Velasco presentó un escrito) y rehusaron contestar las preguntas que tenían los investigadores.
El juez los responsabilizó por "las privaciones ilegales de la libertad, sometimiento a condiciones inhumanas de vida y posterior desaparición" de sus víctimas quienes fueron secuestrados por los grupos de tareas de la ESMA con el objeto de apoderarse de bienes de la Sociedad Cerro Largo.
En este legajo -un desprendimiento de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final- se investigan los hechos vinculados con aquellos que perjudicaron a Conrado Higinio Gómez quien fue secuestrado el 10 de enero de 1977.
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