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El funcionario debió declarar como testigo ante el juzgado federal 7, que subroga el juez federal Norberto Oyarbide, en la causa que investiga las escuchas telefónicas ilegales a Sergio Burstein, de familiares de muertos en el atentado a la AMIA, y a Carlos Avila.
Según fuentes judiciales, Narodowski reconoció que James tuvo un contrato de trabajo "en el área Ministro, donde hay unos 400 empleados, pero no sé exactamente qué hacía allí".
Según consta en el expediente, James renunció a ese cargo para pasar a incorporarse a la nueva Policía Metropolitana, al frente de la cual se encontraba en ese entonces el ex comisario Jorge "Fino" Palacios, para quien ya había trabajado en la Policía federal.
La investigación se inició por una denuncia de Burstein, viudo de una de las víctima de la AMIA, quien denunció haber recibido una llamada anónima advirtiéndole que tenía "el teléfono pinchado por orden del Fino Palacios".
Palacios debió renunciar al cargo para el que había sido designado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, poco antes de que el juez Ariel Lijo lo procesara por encubrimiento y entorpecimiento de de la investigación del atentado, junto con Carlos Menem y otros funcionarios.
Ahora el juez Oyarbide estableció que para realizar las escuchas James logró en Misiones una orden del juez Horacio Gallardo en el marco de una investigación por un crimen cometido en la provincia.
Por la misma causa ya están detenidos, además de James, dos policías misioneros y habría una orden de captura contra un tercero.
La incorporación de James a la nueva policía metropolitana fue negada por el ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, pero al declarar en la causa, el reemplazante de Palacios, Guillermo Chamorro, admitió haber conversado sobre su incorporación con su antecesor.
El legislador electo Tito Nenna, por su parte, denunció que James montó una "red de espionaje" para controlar los moviemientos de directivos, maestros y alumnos de las escuelas porteñas que a principios de año mantuvieron un duro conflicto con el gobierno local por la reducción de las becas estudiantiles, y lo acusó, además, de elaborar presuntas "listas negras".
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