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La medida se tomó sin prisión preventiva, por lo que el policía que había sido detenido en Misiones recuperó en horas del mediodía su libertad, aunque se le prohibió salir del país y deberá presentarse cada semana en la delegación Posadas de la policía Federal.
Paralelamente, el magistrado rechazó hoy la recusación presentada en su contra por la defensa del procesado con prisión preventiva Ciro James y envió el tema a la sala I de la Cámara Federal porteña, que tendrá la última palabra respecto de su continuidad al frente de la investigación.
El comisario Quintana era el jefe de otros dos policías misioneros procesados en la causa, Diego Guarda y Raúl Rojas, y fue quien firmó los dos primeros pedidos para intervenir la línea telefónica de Ávila en el marco de una causa por la investigación de un homicidio en esa provincia.
A raíz de esto el empresario de medios fue escuchado desde marzo de 2009 hasta el 6 de octubre pasado por disposición del juzgado de instrucción 1 de Posadas.
Quintana había argumentado en el pedido que la persona a ser escuchada sería allegada o familiar de un prófugo por el crimen de José María Piccoli, asesinado en Misiones, y que la escucha podría ser de utilidad para la investigación.
Oyarbide consideró que todos estos argumentos fueron falsos y que la maniobra se instrumentó para obtener las escuchas, que eran retiradas de la SIDE en Capital Federal por James, un ex policía federal y abogado que revistaba como empleado del área de Educación del gobierno porteño y se había postulado para ingresar a la Policía Metropolitana.
Según se reconstruyó en la causa, James retiraba los casetes de la SIDE y los enviaba por encomienda común a Misiones, donde los buscaban los policías ahora procesados.
Al igual que James y los otros dos policías, Quintana fue procesado por falsedad ideológica y violación de secreto.
En su resolución Oyarbide consideró que la SIDE fue damnificada por la maniobra, ya que se usaron sus instalaciones para las escuchas en tanto afirmó además que la Policía Federal no estaba al tanto de la maniobra.
"Ciro Gerardo JAMES tenía conocimiento de la investigación que llevaba adelante la División Homicidios de la Policía de la Provincia de Misiones y resultó un integrante fundamental para incorporar de un modo ilegítimo el número de teléfono móvil de Sergio Burstein al legajo judicial en trámite por ante la justicia misionera", argumentó el juez en la resolución en la que el lunes último por la noche procesó a James.
Para el juez "en ningún momento se puso en conocimiento de las autoridades de la Policía Federal Argentina, la labor asignada por la Policía de la provincia de Misiones a Ciro JAMES, quien actuaba sin que sus superiores jerárquicos tuvieran conocimiento de las tareas que realizaba".
James "no sólo introdujo junto con sus consortes de causa la información falsa que motivara el libramiento de las órdenes judiciales de intervención telefónica respecto de los abonados de Ávila y Burstein, y en virtud de las cuales la Secretaría de Inteligencia del Estado procedió a la conexión de las intervenciones en las fechas consignadas a lo largo del presente, sino que además, fue el propio JAMES quien aún sin pertenecer a la Policía Federal Argentina retiró "per se" el material que contenía el registro de las conversaciones efectuadas a través de los abonados de referencia", agregó la resolución.
Ante ello "no puede desconocerse tal y como se expuso, el carácter de damnificado que reviste la Secretaría de Inteligencia del Estado dependiente de la Presidencia de la Nación respecto de los hechos criminosos que aquí nos convocan", consideró además Oyarbide.
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