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"La Constitución -aprobada en febrero de 2009- ordena una administración estatal de las pensiones y así va a ser", afirmó el ministro en entrevista con el diario La Prensa, al confirmar que las AFP serán sustituidas por tesorerías públicas para la recepción de aportes y entrega de rentas de jubilación.
Arce recordó que el proyecto sobre la nueva ley de pensiones se tratará en la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el oficialismo, por lo que se mostró optimista sobre la aprobación de la reforma para adecuarla al nuevo texto constitucional.
La actual Carta Magna establece que la dirección y administración de la seguridad social "corresponde al Estado, con control y participación social" y que "los servicios de seguridad pública no podrán ser privatizados ni concesionados".
El titular de Economía criticó el sistema actual de pensiones, en manos de administradoras privadas europeas, y lo tachó de ser un "sistema de reparto disfrazado porque (...) los afiliados pensaban que tenían sus aportes en las AFP, pero estaban en el Tesoro General de la Nación (TGN) para pagar a los jubilados".
El Estado boliviano tiene contratos vigentes desde finales de 1996 con AFP Previsión, perteneciente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y AFP Futuro, del grupo Zúrich Financial Service.
Arce, ministro de Economía durante todo el primer mandato de Evo Morales y confirmado para la segunda gestión, lamentó que "los Gobiernos neoliberales obligaron a las AFP a comprar títulos del Tesoro General, y éstas, como vieron que era un buen negocio, voluntariamente también hacían inversiones". Algo similar a lo acontecido en la Argentina con las ya extintas AFJP.
En los 13 años de trabajo de las administradoras de pensiones privadas en Bolivia, el Estado adquirió una deuda de 3200 millones de dólares con estas entidades, explicó el funcionario.
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