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El Jurado consideró por unanimidad que Faggionato Márquez, quien no estuvo presente en la lectura de su destitución, tuvo "un intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces, con un daño evidente del servicio público y la administración de justicia y menoscabo de la investidura".
Luego del veredicto, el senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura que actuó como fiscal del juicio, Ernesto Sanz, le advirtió a los "malos jueces" que "pongan las barbas en remojo porque el apoyo del poder político se termina".
Sanz señaló que el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento es un "mensaje" para los magistrados y explicó que para los "buenos jueces" significa "que pueden trabajar tranquilos".
El senador, junto con el también fiscal y consejero Luis María Cabral, se mostró satisfecho con la destitución, pero denunció que "hubo gente del poder político que protegió a este juez".
Aunque no dio nombres, se interpretó como una referencia a los cinco representantes kirchneristas en el Consejo, que en Comisión votaron por no destituir a Faggionato Márquez y una semana después faltaron a la reunión plenaria en la que se debía decidir si abrían el juicio político.
El Consejo suspendió en su cargo y envió a juicio político a Faggionato Márquez el 15 de octubre pasado y su destitución implica que no podrá volver a ocupar un cargo de juez.
Sanz y Cabral aclararon que la remoción no implica objetar la actuación del juez en la causa por "la ruta de la efedrina" -en la que investigó el tráfico de esa droga por parte de cárteles mexicanos y empresarios argentinos y por la que tomó trascendencia pública- ya que ese expediente no formó parte del juicio político.
El Jury que destituyó a Faggionato Márquez estuvo integrado por los jueces de cámara Juan Giúdice Bravo y Jorge Villada, los diputados Rubén Lanceta (UCR) y Juan Manuel Irrazábal (Frente para la Victoria), los senadores Juan Carlos Marino (UCR) y Marina Riofrío (Frente para la Victoria) y el abogado Daniel Medah.
El tribunal lo removió por mal desempeño en una causa en la que debía custodiar una cosecha de soja perteneciente al Consejo del Menor y la Familia en un campo en la ciudad de Otamendi; por no inhibirse en causas en las que estaba acusado, como la expropiación de otro campo a nombre de dos hermanos detenidos a cargo de él, y por entorpecer una auditoría de Asuntos Internos de la Policía para proteger a oficiales.
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