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Luego de la posición tomada por los legisladores del PRO, el resto de los integrantes de la comisión acordaron posponer el tratamiento de la iniciativa para el martes próximo, cuando esperan firmar el dictamen favorable al proyecto.
"El PRO intenta dilatar el tratamiento de la ley para que el tema no se debata en el recinto. Hay un claro posicionamiento político conservador en esta estrategia que, al igual que el caso del matrimonio igualitario, trata de ser ocultado", afirmó Alegre, una de las autoras de la propuesta, junto con Diana Maffía, de la Coalición Cívica, y Juan Cabandié.
La integrante de bloque Encuentro Popular para la Victoria consideró que es "urgente la aprobación de esta reglamentación" porque garantizará "el derecho a la vida y a la salud de las mujeres" frente al aborto y añadió que la norma "otorga un marco legal adecuado a los profesionales que tengan que realizar estas intervenciones".
"Es hora de que la Legislatura garantice los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, cuya vida y salud corre riesgo en situaciones de aborto no punible o cuya integridad ha sido vulnerada por un delito", sostuvo, por su parte, Maffía.
En uno de los puntos, el proyecto establece que la embarazada y el profesional médico que intervenga en un caso de aborto no incurrirán en delito "en los casos de peligro para la vida de la mujer", "cuando el embarazo sea producto de una violación" o de un "atentado al pudor" sobre una víctima "con limitaciones en su capacidad de discernimiento".
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