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Luego de una huelga de hambre de los legisladores afines a Cossío y del propio mandatario suspendido, del bloqueo de las sesiones y amenazas de resistirse a abandonar el poder regional y desconocer la Constitución, el gobernador cuestionado aceptó esta madrugada la decisión del legislativo.
Tras la tensa jornada, sobre un total de 30 asambleístas de Tarija, 18 votaron a favor de la suspensión de Cossío (10 del MAS, cinco del aliado Poder Autonómico Nacional -PAN- y tres del movimiento indígena).
El secretario de Gobierno de Tarija, Edgar Guzmán, citado por la red digital Erbol, aseguró que tras su suspensión Cossío abandonó la huelga de hambre, igual que los seis de los 11 asambleístas de su partido Camino al Cambio, que aún mantenían esa protesta, y renunció a impulsar cualquier movilización, para dar paso "pacífico" a las nuevas autoridades de transición.
"La historia juzgará a quienes hicieron este golpe de Estado y lo que pedimos es que esta transición sea pacífica, civilizada, que no se genere violencia, no es necesario traer a las fuerzas del orden y tomar las oficinas, como anoche hicieron en algunas instalaciones, nosotros no vamos a sacar nada, no tenemos nada que ocultar", enfatizó Guzmán.
Sin embargo, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), coronel Rafael Castillo, informó que esta madrugada fueron detenidos siete funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación de Tarija contratados por Cossío cuando quemaban documentos.
Precisó que, con la presencia de representantes del Ministerio Público, efectivos de la FELCC detuvieron "in fraganti" a Harold Moroni Flores; Miguel Angel Rodríguez Villa; Ariel Ramírez Aragón; Eddy Vilte Cardoso; Marcos Pablo Oliva Castillo; Juan Manuel Ortíz Cardozo y Francisco Daniel López Pantoja.
Guzmán también afirmó que si bien todos los secretarios de la Gobernación renunciaron de manera colectiva para dar paso a la transición, eso no significa que Cossío también presente su renuncia.
Cossío debe responder ante el Ministerio Público y en estrados judiciales por una denuncia formal por el delito de conducta antieconómica y daños lesivos al Estado en el caso de la empresa Imbolsur, que no cumplió un contrato de pavimentación y el entonces prefecto (hoy gobenador, suspendido) tardó nueve meses en ejecutar sus garantías, cuando estas ya habían caducado y generó un perjuicio al Estado de 1,3 millones de bolivianos (algo más de 200.000 dólares).
Contra Cossío existen, además, unas 20 denuncias de corrupción durante su primer mandato como prefecto de Tarija (entre 2005 y 2009) y dos acusaciones por malversación de fondos: una por 10 millones de bolivianos (unos 1,4 millones de dólares) usados en el ilegal referendo autonómico de mayo de 2008, y otra por 30 millones de bolivianos por un supuesto desvío de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Los asambleístas de la agrupación de Cossío anunciaron anoche que promoverán un paro cívico de 48 horas para protestar por lo que consideran una "violación a la democracia y a la voluntad del pueblo", según dijo el asambleísta nacional Adrián Oliva, pero posteriormente la actitud pacificadora del suspendido gobernador hizo levantar esa medida de fuerza.
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