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Con este paso cumplido, alrededor de 253 mil catamarqueños se encaminan a elegir el 13 de marzo las autoridades provinciales en elecciones que estarán polarizadas entre el Frente Cívico y Social y el Frente para la Victoria. A partir de ahora, el vencimiento más importante que deberán afrontar las fuerzas política de cara a los comicios, es el 11 de febrero, día que cierra el plazo para inscribir las listas con los candidatos a todas las categorías en juego: gobernador y vice; diputados y senadores; intendentes y concejales.
El tema pendiente, es el "acuerdo de unidad" entre el PJ orgánico y el FpV, lo que quedará definido con la adhesión del Partido Justicialista al frente que lidera la presidenta Cristina Fernández, estrategia que se pondrá en marcha el viernes, cuando se presenten los candidatos consensuados por ambas partes.
De acuerdo a las negociaciones que se realizaron en Buenos Aires, los candidatos que se van a respetar son los de gobernador, vice e intendente de la Capital catamarqueña y que cuentan con la aprobación de la presidenta.
Para gobernadora irá la senadora nacional y sobrina política de Armando "Bombón" Mercado, ex esposo de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, Lucía Corpacci, que estará acompañada por Dalmacio Mera.
En tanto, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral buscará su re-reelección como primera figura del Frente Cívico y Social. El radical Brizuela del Moral fue acompañado hace cuatro años atrás por Corpacci como vice, cargo al que renunció para irse al Congreso de la Nación.
Ambos candidatos serán ahora las principales figuras para ocupar el gobierno provincial en las elecciones del 13 de marzo. Brizuela del Moral irá acompañdo esta vez, con Ricardo Guzmán como vicegobernador, otro radical, aunque de la línea Celeste que lidera el senador nacional y ex gobernador Oscar Castillo, y que desde hace cuatro años es intendente de la capital.
El Frente Cívico y Social gobierna Catamarca desde hace casi 20 años, tras su nacimiento ocurrido cuando el ex presidente Carlos Menem ordenó la intervención federal a la provincia que gobernaba Ramón Saadi como producto del desasosiego social que había provocado la muerte de la estudiante María Soledad Morales.
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