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El proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que permitió la amnistía de militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la última dictadura, y que en la práctica significará la eliminación de esa norma, comenzó a ser debatido desde la mañana de hoy en el Senado uruguayo.
La iniciativa contaba a priori con el apoyo de 16 de los 30 senadores, todos ellos pertenecientes a la bancada del oficialista Frente Amplio que, sin embargo, deberá admitir el voto en contra de Jorge Saravia.
Al promediar la sesión, Fernández Huidobro, senador de la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad, ratificó su voto a favor del proyecto oficialista, pero anunció la renuncia a su banca por estar en desacuerdo con la iniciativa. "Vamos a votar por disciplina partidaria y (después) vamos a renunciar al Senado", aseguró Huidobro, que agregó que su dimisión es "para garantizar su derecho y su libertad".
"Se trata de acatar el mandato popular o llamarlo nuevamente en consulta. Nuestra corriente política votó en minoría contra el pacto del Club Naval (que dió origen a la Ley de Caducidad) y en ese entonces acatamos a la mayoría", indicó el legislador.
El senador hacía referencia de esta manera a que la Ley de Caducidad, aprobada en los albores de la vuelta de la democracia, fue ratificada en dos plebiscitos. "La legitimidad depende de lo que digan las mayorías. Este pueblo puede necesitar mañana mismo, el instrumento que hoy estamos desacreditando", apuntó el legislador. Y apuntó que "luego de tres históricas victorias electorales, la de 1989, 2004 y 2009, para cuyas conquistas nos basamos en el veredicto popular, este viraje es un grandísimo error".
El también oficialista Jorge Saravia, del Frente Amplio, en cambio ratificó su voto en contra de la iniciativa, con lo que fue el único que desobedeció la disciplina partidaria. El debate estuvo centrado sobre si el proyecto avasalla la voluntad de los ciudadanos, que dos veces decidieron en plebiscitos mantener la ley, aprobada por el gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti en 1986.
El Gobierno respalda la decisión de aprobar el proyecto de interpretación de acuerdo a las normas internacionales y los tratados sobre derechos humanos firmados por Uruguay, que están por encima de las leyes nacionales.
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