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El proyecto, que será analizado por las comisiones de Descentralización y Asuntos Constitucionales, plantea la derogación de cinco artículos y la reforma de otros trece de los 58 con que cuenta la ley orgánica de Comunas 1777, sancionada y promulgada en 2005. Macri intenta reformar sobre todo los aspectos que integran los capítulos que reglamentan las competencias y el presupuesto de las unidades de gestión.
Entre los argumentos de su iniciativa, Macri sostiene que busca que las funciones que prevé conceder, con su proyecto, a las Comunas estén en "un armónico equilibrio con las potestades del Gobierno de la Ciudad". Para ello, impulsó la reforma que incluye, entre otros puntos, que el presidente de la Junta Comunal sea el único que perciba una remuneración "equivalente al 60 por ciento del ingreso de los diputados porteños".
En tanto, promueve que los restantes seis miembros realicen su trabajo "en forma honoraria" dado que "en principio carecen de una función específica más que expedirse con su voto en las decisiones de la Junta".
En otro tramo de su propuesta, el jefe de Gobierno reforma el criterio de competencia patrimonial propia de cada Comuna al exigirle a cada una de las unidades que "antes de cada 31 de agosto" eleve su presupuesto anual al Poder central para "su consideración y análisis", así como indica que será el Ejecutivo el que fije "el tope de gastos".
En su redacción original, el artículo 15 establece que "la aprobación del anteproyecto de presupuesto de cada Comuna está a cargo de la Junta Comunal y se elabora a través de mecanismos que, a escala barrial, garantizan la participación de los vecinos en la fijación de metas, formulación y control presupuestario".
Por último, deroga los artículos 9, que impide al Ejecutivo "ejercer las funciones derivadas de las competencias exclusivas de las Comunas"; el 13, que permite la intervención en la elaboración y planificación de políticas en las áreas sociales, como salud, educación y medioambiente; y los 28, 29 y 32, que fijan las atribuciones de los siete miembros de la Junta.
"La oposición no está dispuesta a restringir la participación ciudadana y por ello no vamos a acompañar este proyecto que complica el entendimiento de la gente de lo que tiene que votar el próximo 10 de julio", dijo a Télam la legisladora Gabriela Alegre, del bloque Encuentro Popular para la Victoria.
Alegre atribuyó esta iniciativa a la campaña electoral, en la cual el jefe de Gobierno buscará su reelección, y desestimó que el proyecto prospere en la Legislatura, ya que su aprobación demandaría dos tercios de los votos de los diputados.
Por su parte, Rafael Gentili, legislador de Proyecto Sur y titular de la Comisión de Descentralización aseguró que "estuvo a cargo el debate de los mecanismos de aplicación de la ley de Comunas", y apuntó que "la propuesta del PRO es una burla a los ciudadanos ya que mata la idea de descentralización".
En tanto, la diputada del PRO e integrante de la Comisión de Descentralización, María Raquel Herrero, explicó que el texto enviado por el Ejecutivo de la ciudad debe "ser debatido y discutido" en la Legislatura y añadió que las modificaciones responden "a que hay leyes que exigen reformas y la 1777 tiene algunas dificultades de aplicación".
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