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No obstante, el pacto PSOE y PP garantiza que la reforma sea aprobada sin referendo, ya que los grupos opositores no suman el número mínimo de disputados o senadores necesarios para forzar la consulta popular, que es del 10 por ciento.
El gobierno había propuesto inicialmente fijar un déficit máximo del 0,35 por ciento, al igual que en la Constitución alemana, pero finalmente los socialistas y PP decidieron no establecer una cifra concreta en la Carta Magna sino hacerlo en una ley posterior, que deberá aprobarse en 2012 y entrar en vigor en 2020.
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero había pactado las bases de esta reforma con su rival Mariano Rajoy, incluso antes de que este último manifestara su acuerdo público esta semana en el Congreso.
La iniciativa establecerá que el déficit estructural del Estado no podrá superar el 0,26 por ciento del PIB, mientras que en el caso de las comunidades autónomas el límite es del 0,14 por ciento. También los ayuntamientos estarán obligados a mantener el equilibrio presupuestario.
Por su parte, los socialistas defienden que se logró “flexibilidad” porque en la Constitución se establecerá el principio general de “estabilidad presupuestaria” que impide al Estado central y las comunidades autónomas incurrir en un “déficit estructural” que supere los márgenes establecidos por Bruselas, sin fijar una cifra concreta.
El candidato de este partido y ex vicepresidente de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció que él mismo “tenía reticencias” respecto a esta reforma, pero la “flexibilidad” que se introduce “permite margen de maniobra cuando las cosas vienen mal dadas”.
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