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El delito por el que quedaron procesados los oficiales prevé penas de uno a cinco años de prisión, mientras que el pedido por el fiscal Abraldes implica un castigo de 8 a 25 años para los funcionarios públicos, y que sean detenidos.
La Sala VII confirmó también el sobreseimiento de otros dos policías acusados y ordenó seguir investigando a los comisarios Eduardo Rubén Pereyra y Miguel Angel Cariolo.
La agresión ocurrió el 7 de diciembre a las 20.30 en el intento del desalojo del Parque Indoamericano, ocupado por vecinos de Villa Soldati y Lugano en reclamo de viviendas, cuando Maximiliano Emanuel Ríos cayó de un piedrazo en la cara sobre un guardarrail que da la avenida Escalada y comenzó a ser golpeado por los policías.
Por los vejámenes, la Cámara confirmó los procesamientos del principal Roberto Morales, el agente de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (DOUCAD) Nahuel Iván Fernández, el agente Facundo Suárez, el cabo de la Montada Patricio Máximo Sabah, el agente José Miguel Fernández Rojas y el sargento Daniel Alberto Caloni.
El hecho fue registrado por un camarógrafo del canal de cable Todo Noticias (TN), que fue la prueba central en la que se basaron los camaristas Juan Esteban Cicciaro, Mauro Divito y Rodolfo Pociello Argerich para dictar su resolución y describir el accionar de cada acusado.
El tribunal señaló que cuando Ríos cayó al piso los oficiales "se abalanzaron sobre él" y Morales "asesta con su pierna izquierda un golpe sobre el cuerpo de la víctima".
Por su parte, Fernández "inflige un golpe sobre la cintura del agredido con un tonfa que portaba en su mano derecha" y Sabah arrojó "un puntapié con su pierna derecha sobre el cuerpo de Ríos cuando éste se encontraba aún tendido sobre el césped".
Las imágenes también muestran cuando Suárez le aplica un golpe a la víctima y Fernández Rojas "agredía fisicamente y arrastraba por el suelo a Ríos". En tanto, Caloni no formó parte del grupo agresor incial sino que cuando pasó por el lugar llevando a una persona detenida "le asestó un golpe de puño en la zona abdominal".
Ríos sufrió fractura del hueso nasal y otras lesiones de carácter leve en su rostro y otras partes del cuerpo. Los jueces señalaron que "no se visualiza ninguna agresión por parte de Ríos", sino que "adversamente, se le nota inmóvil, tomando una posición fetal ante las sucesivas agresiones que padeció desde el momento en que cayó al suelo".
En el expediente también están acusados el comisario de la seccional 42, Miguel Angel Cariolo, y el de la 48, Eduardo Rubén Pereyra, a los que el juez de instrucción Eliseo Otero había sobreseído pero la Cámara le dictó la falta de mérito, ya que todavía no hay pruebas para una acusación, y ordenó que sigan bajo investigación.
Pereyra está acusado de omitir la denuncia de las agresiones y de haber intentado amparar a Morales sacándolo del lugar de los hechos, por lo que la Cámara pidió que se le amplíe la indagatoria.
A Cariolo se le imputa haber demorado en informarle al fiscal Abraldes las dos muertes ocurridas en el intento de desalojo y la agresión a Ríos, lo que atentó contra la investigación de los crímenes.
La Cámara también confirmó el sobreseimiento de el sargento Alejandro Ismael Romero y de el cabo de la DOUCAD Miguel Angel Luna. El día de la agresión a Ríos también fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña, cuando la Policía Federal y la Metropolitana intentaron desalojar el parque.
La principal sospecha recae sobre oficiales de la Metropolitana, ya que tenían a su cargo la represión donde cayeron las víctimas, y se esperan pericias balísticas para avanzar en la causa que todavía no tiene detenidos.
Dos días después de esos crímenes falleció Emiliano Canaviri Alvarez en una pelea entre vecinos, causa que por el momento tampoco llevó a ninguna detención. Esos hechos los llevan el juez Otero y el fiscal Abraldes, y paralelamente la Justicia de la ciudad tiene otra causa por el delito de usurpación del parque, por el que están acusados seis dirigentes sociales y políticos del barrio.
Las indagatorias iban a comenzar ayer pero fueron suspendidas hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad resuelva si confirma la reapartura de la causa, ordenada por la Cámara luego de que una jueza la cerrara por considerar que se trató de un conflicto habitacional que debe tener una respuesta política y que no se debe criminalizar la protesta social.
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