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Luego de las reuniones en La Moneda con el propio Sebastián Piñera, los estudiantes habían entregado a los funcionarios una contrapropuesta en la que pidieron cuatro garantías: congelar proyectos de ley de educación enviados por las autoridades al Congreso; transparentar el debate por televisión, definir el fin del lucro privado en el uso de recursos públicos y extender el semestre académico para que los estudiantes no pierdan sus becas estatales.
Sin embargo, el gobierno trasandino no aceptó paralizar la tramitación de los dos proyectos, uno que rebaja del 5,6 al 2 por ciento los intereses de un crédito privado avalado por el Estado al que recurren hoy los universitarios para pagar los aranceles, y otro que permite la renegociación de la deuda para unos 110 mil estudiantes morosos. No es que los estudiantes estén en contra de esos beneficios, sino que éstos son un paliativo que, en definitiva, garantizan la vigencia del sistema que ellos rechazan.
"Lamentamos profundamente que el gobierno se haya negado a entregar condiciones, la verdad mínimas, de sentido común, porque nosotros estamos dispuestos al diálogo", añadió Figueroa.
Al responder públicamente la "contrapropuesta", el ministro de Educación, Felipe Bulnes, dijo que el Ejecutivo tampoco está dispuesto a adaptar el calendario escolar y universitario para que los estudiantes puedan recuperar las clases perdidas durante las movilizaciones.
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