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El pacto fiscal forzará a los países firmantes, los 25 Estados miembros restantes de la UE, a incluir en sus legislaciones o constituciones la llamada "regla de oro", que obliga a mantener el déficit estructural anual por debajo del 0,5 por ciento del PIB. Los Estados miembros que no incluyan correctamente en sus normativas nacionales ese techo de gasto podrán ser denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por otro de los socios, que además podrá solicitar directamente una sanción financiera. La máxima instancia judicial comunitaria podrá, en última instancia y como máximo, imponer una multa del 0,1 por ciento del PIB.
Tras el consenso político alcanzado hoy, el pacto fiscal deberá ser firmado en el Consejo Europeo del 1 y 2 de marzo. Al mismo tiempo, los líderes europeos se comprometieron a elaborar planes nacionales de creación de empleo, con especial énfasis en el juvenil, iniciativas que serán financiadas con fondos comunitarios no asignados y que, en el caso de España, deberá diseñarse en colaboración entre el Gobierno y los sindicatos.
En la declaración final de la cumbre, la primera dedicada en exclusiva al crecimiento y al empleo-, los líderes comunitarios reconocieron que la estrategia de austeridad defendida hasta ahora por la UE "no es en sí misma suficiente" para revitalizar la economía y los mercados laborales. Los países de la UE que respaldaron el texto (todos salvo Suecia, que no suscribió la declaración por "razones parlamentarias), se comprometieron a desarrollar "planes nacionales" con medidas concretas para mejorar la formación y el empleo, cuya ejecución será supervisada por Bruselas.
La declaración hace especial hincapié en la necesidad de resolver el problema del desempleo juvenil, que en España afecta a casi la mitad de los menores de 25 años en edad de trabajar, el mayor índice de toda la UE.
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