Un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, Romano escapó a Chile, donde solicitó refugio político y consiguió un visado de permanencia por ocho meses. En septiembre fue declarado prófugo por la justicia argentina al no presentarse a la citación judicial que terminó en su destitución y, finalmente, el juez federal Walter Bentos pidió su captura internacional.
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