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El terremoto iniciado en el Pacífico provocó explosiones y fusiones en tres de sus seis reactores, y desencadenó la peor crisis atómica que vivió el mundo desde Chernóbil (1986).
La radiactividad, que continúa saliendo de la planta, obligó a evacuar a 80.000 personas de los pueblos cercanos y a declarar una zona de exclusión obligatoria de 20 kilómetros de radio en torno a la central. Muchos de estos lugares permanecerán inhabitables durante décadas. Más de 340 mil personas continúan desplazadas de sus hogares y sin perspectivas claras de regresar.
En tanto, Yukiya Amano, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), sostuvo que “una de las razones que permitieron el accidente fue la falta de independencia del organismo japonés de regulación de las empresas de energía nuclear: la supervisión sobre el operador era débil”. Amano suavizó sus dichos al manifestar que, hoy, “Japón está en proceso de crear su organismo regulador nuclear independiente”. Sin embargo, el anunciado proyecto de trasladar el control de las centrales nucleares desde el Ministerio de Energía al de Medio Ambiente no se concretó todavía.
De las 54 centrales nucleares existentes en Japón, sólo hay dos en funcionamiento. Tras el desastre de Fukushima, a medida que se iban cerrando para inspecciones de rutina permanecieron inactivas y no volvieron a abrirse hasta ahora.
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