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Niklison pidió también que, a partir de los testimonios vertidos durante el juicio, se investigue al excapellán de la Armada y titular del Vicariato Castrense, Alberto Emilio Graselli, por su "posible complicidad" y encubrimiento de la sustracción de chicos nacidos durante el cautiverio de sus madres en la maternidad clandestina que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, y al Movimiento Familiar Cristiano, a través del cual se entregaron en adopción los niños secuestrados.
La misma Fiscalía pidió 30 años de prisión para el excomandante de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, por su responsabilidad en la maternidad que funcionó en el hospital militar de la guarnición de Campo de Mayo; 19 años para el médico Jorge Luis Magnaco, quien atendía los partos en la ESMA; 25 para el prefecto Antonio Azic, quien sustrajo y cambió la identidad de la ahora diputada nacional Victoria Donda; y 17 años para Eduardo Ruffo, que cuenta con el atenuante de haber revelado oportunamente el destino del hijo de la ciudadana uruguaya Sara Rita Méndez.
Durante su alegato, el fiscal solicitó una pena de 25 años para Antonio Gallo y 14 años para su mujer Susana Colombo, responsables de la apropiación de Francisco Madariaga, uno de los últimos nietos recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.
El juicio se inició en febrero del 2011 y en las audiencias se ventilaron 35 casos de robos de bebés, 20 de los cuales recuperaron su identidad y brindaron testimonio, además de conocerse el seguimiento que hizo del tema el gobierno norteamericano de Ronald Reagan. El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el 7 de mayo, cuando comiencen los alegatos de los acusados Ruffo y Colombo.
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