El fallo de Procuración señala que la causa debe tramitar en el juzgado de Servini y no en el Contravencional porteño de Carlos Bentolila porque "las maniobras imputadas en este proceso fueron susceptibles de afectar dos elecciones distintas: la local, en la que Daniel Filmus era candidato, y la nacional en la que intervenía la alianza electoral (Frente para la Victoria) que él representaba". En ese sentido, el fallo recordó que para la Corte Suprema "en los casos en los que existe pluralidad de ilícitos", entre ellos los de índole federal, "tiene establecido que corresponde a la justicia nacional".
Con la continuidad de la causa en manos de Servini, Durán Barba deberá asistir a la indagatoria y con anterioridad deberán hacerlo sus socios, José Guillermo Garat y Rodrigo Lugones, el martes 29 de mayo y miércoles 30, respectivamente. La acusación que pesa sobre los tres es la de realizar una presunta "campaña sucia" contra Filmus, en la que se vinculaba a su padre con Sergio Schoklender, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, detenido por el supuesto desvío de fondos públicos.
Durante la campaña electoral para la jefatura de Gobierno, que se disputó en julio de 2011, varios ciudadanos porteños recibieron llamados en sus domicilios en los que se le preguntaba si sabían que Salomón Filmus, padre del senador y candidato, era un arquitecto que trabajaba para Schoklender en la construcción de viviendas, lo que fue desmentido por el candidato. "Ahora que usted sabe esto, ¿lo votaría?", concluía el llamado.
Filmus desmintió las afirmaciones y denunció una campaña sucia en su contra. Tras lo que la Justicia ordenó el allanamiento a las empresas Tag Continental, Conectic SRL y NSS, en donde se secuestraron 30 computadoras desde las cuales --a través de servidores ubicados en Estados Unidos-- se realizaron las llamadas que recibieron los vecinos porteños.
Esas empresas están vinculadas a Lugones y Garat, quienes son socios en la consultora "Opinión Confidental", propiedad de "Durán Barba y Asociados", que firmó un contrato de publicidad con el Gobierno porteño.
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