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Según un balance del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) con sede en Londres, la represión y los enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes dejaron al menos 3.353 muertos desde el 12 de abril, fecha en la que teóricamente entró en vigor la tregua. La situación es tal que en varias ocasiones los observadores no pudieron acudir a lugares que deseaban ver por sí mismos e incluso fueron tomados como blanco.
"La ausencia de voluntad por ambas partes para llegar a una transición pacífica incrementa las pérdidas: civiles inocentes, mujeres, hombres y niños mueren todos los días. Esto aumenta también los riesgos que corren los observadores", lamentó el general Mood.
Enterado de la decisión, el gobierno rechazó ser el responsable del incremento en la violencia y emitió un comunicado en que afirma que son "los grupos terroristas armados (quienes) han intensificado sus operaciones criminales, tomando como blanco sobre todo a los observadores de la ONU y amenazando sus vidas".
Por su parte, Washington volvió a pedir que Al Asad abandone el poder y calificó la situación de "crítica". "En esta coyuntura crítica, estamos consultando con nuestros aliados internacionales sobre los próximos pasos hacia una transición política en Siria", dijo un alto funcionario de la Casa Blanca. Desde Londres, el titular de Relaciones Exteriores, William Hague, lamentó que haya que haber llegado al punto de suspender la misión de los observadores y culpó a Al Asad del incremento de la violencia.
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