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Los camaristas Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos rechazaron "in limine" (sin mayores consideraciones) la presentación de los abogados de Macri y reafirmaron la decisión tomada en abril último. Los magistrados -sin la firma del tercer camarista Alfredo Barbarosch, quien anteriormente había realizado un dictamen aparte al anular el sobreseimiento pero calificar la decisión de “prematura”- explicaron que el fallo que cuestionaban los abogados Alejandro Pérez Chada y Eduardo Bonino Méndez no es una "sentencia definitiva o equivalente", tal como lo requiere el Código de Procedimientos para dejar expedita la posibilidad de recurrir a la Cámara de Casación.
El jefe de gobierno había sido sobreseído en diciembre del año pasado por María Fontbona de Pombo, pero los magistrados de la Cámara del Crimen consideraron dos meses atrás que la medida favorable a Macri no superaba "el control negativo de razonabilidad y logicidad, por lo que no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido".
El sobreseimiento había llegado después de que el jefe de gobierno postergara y se ausentara varias veces a la declaración indagatoria, y al hacerlo se rehusó contestar preguntas y presentó un escrito. Mientras que la decisión de Pombo fue apelada por el abogado Luis Albor, patrocinante de una de las víctimas de la ex UCEP.
Al volver a imputar a Macri los jueces también cuestionaron la actitud del fiscal Marcelo Roma, quien limitó la actuación de Macri “a la creación de la UCEP mediante el decreto 1232/2008, sin la más mínima valoración de su proceder posterior”.
Los camaristas Rimondi y Bunge Campos, en tanto, consideraron que debe investigarse el accionar del jefe de Gobierno más allá de la firma del decreto de creación de la UCEP, el 1º de septiembre de 2008, como organismo fuera de nivel dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Es que seis meses después, cuando ya la Defensoría del Pueblo porteña había emitido cuatro resoluciones denunciando los atropellos de esa fuerza de choque contra las personas que dormían en la calle, Macri ratificó el funcionamiento del organismo con un nuevo decreto, el 145/2009, firmado el 2 de marzo de ese año. El único cambio fue el desplazamiento de su titular, Fabián Rodríguez Simón. Los desalojos violentos y clandestinos continuaron siete meses más: recién el 18 de noviembre de 2009 Macri disolvió el organismo.
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