En el comunicado, la Cancillería informó que además de las acciones administrativas y penales también se iniciarán otras "relativas a la protección del medio ambiente marino, en particular, en caso de eventuales daños ecológicos producidos por dichas actividades ilícitas".
El 4 de junio último, el gobierno nacional había declarado "ilegales" y "clandestinas" las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las Islas Malvinas por las empresas Rockhopper Exploration, Desire Petroleum Public, Argos Resources, Falkland Oil and Gas, Borders & Southern Petroleum y había anticipado sobre las futuras acciones civiles y penales, debido a las operaciones en "territorio de la República Argentina sin estar habilitadas para ello por las autoridades competentes".
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