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El texto difundido por el mandatario cordobés afirma que su gestión "tuvo que denunciar el Pacto Fiscal de 1992, luego de numerosos como infructuosos intentos de lograr con la Nación un consenso razonable y equitativo, tendiente a que ésta dé cumplimiento a las obligaciones legales que tiene asumida con Córdoba, y que desde hace mucho tiempo sin razón legal ni legítima alguna ha dejado de cumplir”.
Lo que De la Sota pretende es que, debido a los convenios de compensación de las cajas previsionales, el Estado nacional le retorne 1.039 millones de pesos en concepto del año pasado, mientras que la suma total que se le descuenta por coparticipación es de 2 mil millones anuales, según informó su propia gestión. La renuncia a este pacto convertida en ley por la Legislatura provincial junto con la puesta en marcha de nuevas reglas dentro del sistema jubilatorio, que recibieron el repudio inmediato de la mayoría de los gremios.
El mandatario impulsó esta modificación no sin responsabilizar al Gobierno nacional "obligar" a su gestión "a sustituir esos fondos con recursos tributarios propios destinados a obras de gobierno esenciales para todos los cordobeses, que fueron postergadas o hasta definitivamente dadas de baja”.
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, afirmó que De la Sota "está equivocado política e históricamente" en su planteo porque "la discusión de la coparticipación implica primero un enorme debate entre las provincias y luego una postura estructural unificada para acordar con la nación una agenda institucional para 20 años". Según declaró a Télam, "ese debate entre las provincias está muy lejos. Mientras tanto lo que no se puede hacer, porque sería inadmisible, es debilitar al Estado Nacional".
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