El documento también establece un período de 90 días, desde el 1 de enero, para abrir negociaciones con Metrovías, la actual empresa gerenciadora, con el fin de acordar su continuidad o bien fijar otro operador. Otro opción sería generar un nuevo esquema mediante el cual el servicio sea operado por una Sociedad Anónima, que esté integrada totalmente por el Estado porteño.
El proyecto elimina la vigencia de los actuales contratos con los servicios denominados "colaterales" de la red, como las publicidades, los kioscos y alquileres de comercios.
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